Listas cerradas y financiación mixta

El gobierno presentó el proyecto de reforma política que acoge algunas de las propuestas que hizo Petro en campaña e incluye dos asuntos álgidos en los que el país espera que el Congreso tome decisiones responsables que fortalezcan la democracia y ayuden a enfrentar la politiquería y la corrupción.

El primero es la exigencia de listas cerradas en las elecciones de Congreso, asambleas y concejos, reforma que no debe aplazarse más. Cuando fui congresista, en varios períodos legislativos manifesté con otros colegas que el voto por candidatos individuales solo favorece a las microempresas electorales –fuente de derroche y corrupción– aglutinadas en listas sin identidad programática; y que muchos de quienes son elegidos así solo priorizan la supervivencia de sus estructuras clientelistas, dependientes de la burocracia y contratos estatales, y no tardan en caer en los trueques y usos indebidos de recursos públicos para asegurarse su siguiente elección.

Por eso, siempre defendí la lista única por partido sin voto preferente, conformada con reglas de democracia interna como las convenciones partidistas o las consultas primarias, como medida determinante para que tengamos organizaciones políticas con ideologías nítidas y visibles, que actúen con responsabilidad por los objetivos colectivos de la sociedad.

El segundo tema crítico es la financiación de las campañas, en la que debe mantenerse la financiación mixta, aunque con controles más eficaces. El Instituto Internacional para la Democracia IDEA muestra que la generalidad de países democráticos tiene modelos de financiación electoral mixta. Esto se debe a que solo la estatal con prohibición de aportes privados es un modelo que genera restricciones a la participación y la libre expresión, aleja a los partidos de sus bases y de la sociedad civil, y los convierte en apéndices del Estado, sin autonomía por su total dependencia del erario. Ese esquema, además, fomenta el gasto desmesurado, pues los mismos políticos son quienes aprobarían los presupuestos en el Congreso para sus partidos en campaña. Y lo más grave, si los aportes públicos se asignan en proporción a los votos logrados en elecciones previas, ese modelo estatal solo aumentaría en el largo plazo el poder de los grupos dominantes, cerrando puertas a nuevas fuerzas y expresiones políticas.

Por todo esto es fundamental mantener la financiación mixta, aunque deben fortalecerse las normas para asegurar independencia en los elegidos y condiciones más transparentes en los comicios. Para esto sirven los topes a donaciones, la publicidad de las cuentas, prohibir aportes como los de contratistas del Estado, y fortalecer el castigo a la compra de votos, al desvío de presupuestos de inversión social hacia las campañas, y a la financiación oculta de economías ilícitas evidente en tantos sitios del país.

El debate que se inicia es transcendental y no será fácil, pues en el Congreso todavía hay caciques y dirigentes que viven del voto preferente y del clientelismo, y que no ocultan su anhelo por lograr que sus campañas sean financiadas desde un barril sin fondo de recursos públicos. Ojalá la nueva generación de legisladores de todas las tendencias tenga en esta ocasión la fuerza y el empeño suficiente para que avancemos en reglas que fortalezcan nuestro sistema electoral. Con una reforma que consolide espacios para el pluralismo, abra puertas a nuevas expresiones políticas, contribuya a modernizar las instituciones y le dé transparencia a lo público.