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Enfrentar la corrupción: objetivo común

En el diálogo nacional que está promoviendo el presidente electo Petro, se debe incorporar con prioridad la lucha contra la corrupción.

2 de julio de 2022 Por: Claudia Blum

La corrupción debilita las instituciones democráticas, obstaculiza el desarrollo, genera pobreza e inequidad y espanta la inversión. En el escenario de posibles acuerdos nacionales que se plantean al país, la lucha contra la corrupción debe ser un objetivo central para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho y para recuperar la confianza ciudadana en los funcionarios y la transparencia en las entidades públicas.

El reto es significativo. El saliente representante de la ONU contra la Droga y el Delito Pierre Lapaque afirmó hace pocos días que el primer desafío pendiente del país es la corrupción. También en junio pasado, la Americas Society y la consultora Control Risks ubicaron a Colombia de octavo entre 15 países latinoamericanos en cuanto a su capacidad para combatir la corrupción. Y en el índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional, el país obtuvo en 2021 apenas 39 puntos (en una escala en la que 100 significa transparencia) y quedó en el puesto 87 entre 180 naciones.

Identificar todas las formas de corrupción y aplicar medidas eficaces para enfrentarla es una tarea inaplazable. Son débiles los controles en elecciones contra la compra de votos, el trasteo de electores y la desviación indebida de recursos estatales a las campañas; y no se ha logrado el respaldo requerido para acabar con las listas abiertas que alimentan al clientelismo y las microempresas electorales. En la contratación estatal se requiere fortalecer marcos legales y la acción judicial para castigar sobornos y fraudes, y asegurar transparencia en el uso de los presupuestos públicos. En la relación de las ramas Legislativa y Ejecutiva, el país no sabe lo que es una gobernabilidad encauzada por el contenido de las políticas y los proyectos de ley sino por el acostumbrado trueque de toma y dame: falta decisión política para poner fin a las mermeladas y los cupos indicativos que terminan siendo una vía de corrupción que anula la independencia esperada de poderes.
Para la Rama Judicial, la Contraloría y la Procuraduría se han presentado una y otra vez propuestas aplazadas para elevar la transparencia en los procesos de elección de magistrados y jefes de órganos de control, y evitar la politización que genera deslegitimación.

Falta también involucrar más a la sociedad civil. Las organizaciones gremiales y profesionales juegan papel esencial en el fortalecimiento de la ética empresarial y profesional. Preservar la independencia y el papel de los medios de comunicación es vital en el control social contra la corrupción. Y la educación es esencial para empoderar a las nuevas generaciones en la defensa de lo público.

Por varias décadas se han aprobado leyes contra la corrupción, y el país sabe que han sido insuficientes. Por eso el tema fue priorizado por varios partidos y alianzas en la elección legislativa, y por el candidato presidencial Hernández que obtuvo más de 10,5 millones de votos.

En el diálogo nacional que está promoviendo el presidente electo Petro, se debe incorporar con prioridad la lucha contra la corrupción. Urge un diálogo político amplio para acordar reformas integrales por una gestión transparente en el Estado, con estrategias que involucren al Gobierno, la justicia, los sectores políticos, la academia, el sector privado y sociedad civil; y que eviten una nueva frustración frente a un objetivo común del anhelo de cambio expresado en las urnas por los votantes de todas las tendencias políticas.