Congreso incapaz de decidir

Es insólito que el Congreso no haya tomado una decisión sobre las objeciones y haya pasado la posta a la Corte Constitucional. Grave precedente el que se ha creado: un Legislativo que cuando no quiera decidir un tema complejo, por temor o por no reunir mayorías en favor o en contra, renuncia a cumplir su misión e inventa un galimatías para enviar el expediente a alguna Corte para que decida.

No solo es grave que el asunto siga dilatándose, sino que vuelve y juega el tema de la separación de poderes. Delicado es que el Legislativo pretenda inmiscuir a la Rama Judicial hasta en temas de su Reglamento que conforme a la Constitución es un asunto autónomo del Congreso. Sería una falacia decir que se trata de una colaboración armónica de los órganos del Estado, porque este no es el hecho: ¿acaso alguna Corte envía al legislador proyectos de fallos, o el Presidente envía a las Cortes proyectos de decretos, para que les ayuden a decidir cómo aprobarlos?

Son muchos los interrogantes que quedan flotando en el aire: ¿Por qué la oposición no quiso que se discutiera una a una las objeciones en el Senado? ¿Será que no tuvo asegurados los votos para hundirlas, o tenían miedo a hablar sobre algún tema en particular? ¿Por qué la renuencia a blindar la extradición y las listas de beneficiarios de la JEP, por parte de sectores que buscan presentar esos temas como ‘incumplimientos’ al acuerdo de paz? ¿Hasta dónde las normas de bancadas están acabando con el voto independiente e inviolable de los congresistas? ¿Por qué la Mesa Directiva y la Secretaría, con apoyo de congresistas expertos en procedimiento, no guiaron el debate para que el Legislativo tomara decisiones, si el reglamento es claro y todo es cuestión de saber sumar y restar?

Pero también hay verdades que salieron a flote. Quienes todavía afirman que el proyecto estatutario de la JEP no afecta la extradición han sido desmentidos: cuando los liberales propusieron aprobar la Ley de la JEP sin cambios y adoptar después una ley interpretativa para que no se afecte ese mecanismo de cooperación judicial, dejaron en evidencia que son ciertas las preocupaciones del Presidente al objetar unos artículos que amenazan la extradición, ratificadas por la Fiscalía y hasta por el gobierno de Estados Unidos.

Algunos sectores de Cambio Radical y de la U también dijeron estar abiertos a un acuerdo político posterior para subsanar los temas. Pero la condición ha sido negar primero las objeciones. Asimismo se demostró que a varios sectores políticos lo que les interesaba era ganar el pulso al gobierno, a pesar de no estar en total desacuerdo con las razones de fondo de las objeciones.

Señores del Congreso: los proyectos de ley se aprueban o se niegan. Decepcionante ejemplo han dado al dejar de cumplir su función y pasar de agache, sin debatir por separado las objeciones. Si estas terminan yéndose al traste, el Presidente Duque tendrá su conciencia tranquila porque alertó al país sobre los serios e inconvenientes efectos que se estarían generando, y aunque quiso cerrar los boquetes a temas tan espinosos de la justicia no habría encontrado la voluntad de las ramas del Estado para hacerlo. Lo que le resta ahora es seguir explicando a la comunidad su posición para que no deje minimizar esta sustantiva discusión legal en el discurso de los que encasillan sus objeciones como un tema de la radicalización de ‘amigos’ o ‘enemigos’ de la paz.