Burlados

¡Qué enorme costo para el país ha causado el cinematográfico caso ‘Santrich’! No solo para la poca legitimidad que tenía un acuerdo de paz impuesto en contra de la voluntad popular, sino para la credibilidad de la Justicia.

Ante la súbita desaparición, las Cortes tendrán que reflexionar sobre sus decisiones que de una u otra forma impactaron en el caso de ‘Santrich’, y que han profundizado el desprestigio que afecta a la propia Rama Judicial. Porque la comunidad siente que si las decisiones de la administración de justicia hubieran sido otras, ese personaje no estaría burlándose de las víctimas a las que menosprecia desde siempre, ni de la Justicia ni de la democracia.

Otra sería la situación si la Corte Constitucional no hubiera avalado una Ley estatutaria de la JEP que debilitó el uso de instrumentos como la extradición, y si no se hubiera involucrado en un asunto del reglamento interno del Congreso para frustrar las objeciones por inconveniencia que el Presidente había planteado para corregir problemas de esa Ley. O si el Consejo de Estado no hubiera reconocido sorpresivamente el fuero a una persona que no se había posesionado como congresista. O si la Corte Suprema, a través de la Sala Penal, no hubiera concluido a toda velocidad que el fuero se obtiene desde el momento en que el Consejo Electoral reconoce la elección, cambiando la visión de su Sala Laboral que condicionó meses antes esta inmunidad a la posesión del cargo y al ejercicio de sus funciones. Incluso ya con este privilegio reconocido, todo sería distinto si la Sala Penal no hubiera obrado con tanta parsimonia para abrir o no un proceso penal formal en ese caso de tanta relevancia pública.

En cuanto a la JEP ni hablar: no solo negó la extradición de ‘Santrich’ y ordenó su libertad, sino que ha venido ganando reconocimiento social como una corte laxa, que no evita la impunidad, y que dilata decisiones incluso frente a ‘desmovilizados’ que no están cumpliendo su compromiso de presentarse ante la Justicia.

El caso genera muchos interrogantes a la gente: ¿Hacia dónde va la jurisprudencia colombiana en estos temas? ¿Hay acaso un sesgo conceptual que se está imponiendo contra la extradición? ¿Tiene la Justicia la fortaleza que requiere para enfrentar al narcotráfico y evitar convertirnos en refugio de delincuentes? ¿Será que proteger unos contenidos del ‘acuerdo’ de paz está por encima de la noción real de justicia que espera la comunidad? ¿Cómo se evitaría que en el futuro otros se burlen de la Justicia, de la JEP y de todo el país?

Como decía el escritor estadounidense Marc Twain: “La credibilidad es como la virginidad, una vez se pierde no se recupera”. Correrá mucha agua bajo el puente antes de que las Cortes restituyan su buen nombre. A los escándalos de 2017 por las investigaciones a jueces, fiscales y magistrados en casos de corrupción, se suma la burla de ‘Santrich’ para un descrédito institucional que no solo ha sido interno sino también de cara al mundo. Solo queda la esperanza de que jueces y magistrados que todavía asumen el servicio público con responsabilidad, y entienden su papel esencial para la convivencia y el avance social, se comprometan a apoyar desde el interior de la Rama el debate nacional, que promueve la nueva ministra de Justicia para impulsar la imprescindible reforma Judicial que tarde o temprano tiene que producirse para robustecer nuestra tambaleante democracia.