Cercos saltados y marchas

Petro está acorralado, metido en una situación creada por su incapacidad para gobernar y las corruptelas de aliados y colaboradores. Sin considerar que el caos que está provocando su verbo es mesiánico y arrogante, se siente comandante supremo de un nuevo M19 liberador, impoluto, triunfador. Como si ese grupo, a pesar de sus ideales, no se hubiera distinguido por la total falta de humanidad en sus andanzas y tropelías.

Para anticipar lo que nos espera es oportuno decir que según un lúcido compañero de armas del mandatario este se acogió a la amnistía, pero jamás desmovilizó el alma. En consecuencia, no respeta la constitución que juró aplicar; está dispuesto a usar cualquier medio para lograr sus objetivos; aborda las relaciones humanas y sociales con mentalidad confrontativa, bélica; jamás aceptará las ideas ni los derechos de sus contendores.

Ante el cúmulo de aparentes violaciones que rodearon las finanzas de la campaña presidencial, las autoridades competentes y los ciudadanos han asumido el deber de actuar. Salvo los adeptos al Pacto Histórico, hoy pocos dudan de que fueron superados los topes de gastos o se recibieron aportes no permitidos, infracciones de carácter penal que pueden ser castigadas con la pérdida de la investidura del presidente y la vicepresidenta, beneficiarios directos del embrollo.

El hecho es que en uno y otro caso el trámite de la destitución tiene que pasar por la Comisión de Acusación de la Cámara, a la que corresponde decidir si hay fundamentos para acusar al mandatario ante el Senado con fines de destitución. Sin embargo, acercándose la recomposición de las fuerzas parlamentarias con la legislatura de julio, y considerando la existencia de una ciudadanía dispuesta a manifestarse y denunciar la pasividad de los integrantes de la Comisión de Acusación, Petro sentiría amenazado el blindaje que antes lo arropara.

Como batallador bien probado, el presidente pretende saltarse los cercos. Al efecto, intentó desprestigiar las recientes movilizaciones ciudadanas tachándolas de “marchas de la muerte”. Y antes de que cambie el tablero de las amistades parlamentarias, sus abogados han comenzado a buscar el rápido cierre de las investigaciones a cargo de una comisión de acusación que dominan sus amigos. De fracasar por este camino le quedará el recurso funesto de un decreto legislativo destinado a convocar la llamada ‘Constituyente del Pueblo’. Adiós Constitución, garantías y democracia. Hasta los congresistas y magistrados podrían ser revocados por iniciativa de aquel intérprete único del pueblo.

Ante la circunstancia que se avizora los ciudadanos, empresarios, gremios, sindicatos, partidos políticos de todas las ideologías incluyendo el centro con sus vertientes de izquierda y derecha, deberían unirse de inmediato en una estrategia de organización y movilización para salvar esta democracia ya sentenciada.

Los más de 120 mil caleños que marcharon el 21 abril están molestos. Se sienten irrespetados por el dato disminuido y contraevidente que dieron algunas autoridades y medios nacionales sobre el número de manifestantes. Según se dice, la información salió de la Policía Nacional y fue replicada por el Puesto de Mando Unificado (PMU). El Secretario de Seguridad, como responsable de este organismo, podría rectificar el error antes de que crezca el descontento.