¿Bombardear o no bombardear?

La vida de todos nosotros está configurada por decisiones que tomamos todo el día, todo el tiempo. Algunas de ellas son pequeñas (qué desayunar, cuál vestido ponernos, etc), pero otras son más trascendentales, como elegir una pareja con quien convivir. Y está también el hecho de que algunas decisiones afectan esencialmente a quienes las toman, pero en otras ocasiones, para bien y a veces para mal, afectan y de qué manera, a muchas otras personas, incluida toda una sociedad. Tal es el caso de las que deciden los líderes políticos o quienes conducen las guerras.

Hay un ejercicio mental que pone a prueba todo lo que está en juego cuando se toman decisiones de vida o muerte. Imagine, por un momento estimado lector, que usted está en la bifurcación de una vía ferroviaria y de cómo mueva usted una palanca, el tren irá hacia la izquierda o la derecha sin posibilidad de detenerlo. El asunto es que en una dirección se encuentran más adelante sobre la vía un grupo de personas y en la otra igualmente otro grupo, digamos que en número de personas igual en ambos casos. Todo se vuelve complejo sabiendo que con su decisión se salva un grupo, pero muere otro. ¿Con qué parámetros toma usted esta difícil decisión? El caso se puede volver aún más complejo, adjudicándole a cada grupo ciertas características de género, raza, religión, militancia política, etc. Le invito a hacer el ejercicio solo para tomar nota de todo lo que se pone en juego en este tipo de situaciones.

Pero volvamos este experimento un asunto más personal. Imagine que sobre una de las vías hay, digamos, 50 niños y sobre la otra está solamente su hijo(a)… ¿Qué decidirá? ¿A quién(es) salvaría?

Pero ahora volvamos a la realidad, dolorosa por demás. El involucramiento y la muerte de menores de edad en los conflictos armados es algo que siempre tendrá que afectarnos a todos, como individuos y como sociedad, más aún si fueron incorporados a las filas de los ilegales en cualquiera de las modalidades del reclutamiento forzado (a la fuerza, por atracción, etc.). Desde un lugar de lo ético y lo moral ninguna de estas muertes admite justificación. Sin embargo, a propósito del bombardeo hecho por los militares recientemente en el Guaviare, con la aprobación del presidente Gustavo Petro y en el que murieron 7 menores de edad y fueron rescatados otros 3, hay muchas y complejas razones para el debate dado que en estos contextos no todo está dado en términos absolutos o en blanco y negro.

Confieso que me siento mal, bastante mal, cuando me descubro ‘relativizando’ estas muertes a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son el conjunto de los derechos humanos esenciales que aun en medio de las guerras y los conflictos deben prevalecer. Y no obstante tratarse de normas muy claras y específicas, hay dudas sobre sin un(a) menor de edad, habiendo sido reclutado de manera forzada, pero ya haciendo parte de un grupo con su uniforme y fusil, sigue siendo una persona de especial protección, esto es, no puede ser atacado. Digamos en principio que en este caso, siendo que ya está armado y es un combatiente activo, pierde la condición de ‘especial protección’. Pero… ¿y? ¿Si dentro de la estructura armada presta servicios de comunicaciones, enfermería, comunicaciones, etc.?.. ¿Debiera considerársele de manera distinta?

Desde tiempo atrás, el hoy presidente Gustavo Petro ha condenado las acciones militares, especialmente los bombardeos, en el que resultan muertos menores de edad. Se trata de “crímenes de guerra y de lesa humanidad que hay que denunciar nacional e internacionalmente” dijo innumerables veces. Y por cuenta de este tipo de posturas, algunos han catalogado a los militares colombianos como ‘asesinos’. Ahora, en un contexto no muy diferente del que ha estado presente en casos anteriores, el presidente ha optado por los bombardeos y no resulta aceptable decir que no se sabía de antemano que había menores de edad en ese campamento, cuando sin ser expertos en inteligencia militar es bastante obvio presumir que sí los habrá, dado además el incremento exponencial en el último tiempo de esta práctica criminal de los ilegales.

El día que el presidente Petro, en un acto de coherencia con sus convicciones, determinó proscribir los bombardeos cuando hubiese o se presumiera la presencia de menores de edad, sucedieron al menos dos cosas complejas: se renunció a una acción de guerra que en su momento (contra las Farc) fue crucial y que siempre será decisiva para mantener la iniciativa militar y ganar la ventaja estratégica sobre los grupos ilegales, más aún cuando hoy las operaciones terrestres están en jaque por las asonadas de civiles instigados por los actores armados y por la utilización de drones. El otro efecto fue perverso pero predecible. Para neutralizar estos bombardeos, los grupos ilegales decidieron intensificar la vinculación de menores de edad.

La crítica al presidente Petro, contrastando su condena a la muerte de niños en Gaza en medio de bombardeos, no es comparable con lo ocurrido en las selvas del Guaviare. Esa comparación puede ser rentable políticamente para los opositores, pero se trata, evidentemente, de circunstancias muy distintas.

Ni política, ni militar, ni jurídicamente estas decisiones sobre bombardear o no son fáciles. Algo similar le ocurrió a Juan Manuel Santos cuando en medio de diálogos exploratorios con las Farc decidió bombardear (operación Odiseo) el lugar donde se encontraba Alfonso Cano, máximo comandante de esa guerrilla, quien ya le había dado un sí preliminar a una negociación de paz.

Lo ocurrido recientemente no fue un ejercicio mental como los descritos al comienzo de esta columna, pero para entender la complejidad de este tipo de decisiones dejo esta consideración: si conociendo de la presencia de un número indeterminado de menores de edad en un campamento de un grupo ilegal, se tiene certeza de la presencia de los máximos jefes de ese grupo o que de bombardearlos o no depende que dicho grupo ataque en cuestión de días o de horas a una comunidad… ¿Usted qué haría si fuese el que debiera tomar la decisión?

Reducir o remitir este tipo de decisiones a la luz de normas como el DIH es parte del proceso, pero no es lo único. En el contexto de una creciente pérdida de control territorial de parte del estado y del incremento vertiginoso de la violencia, que afecta especialmente a la población civil, el país está reclamando por resultados de parte del gobierno y sus fuerzas militares. Los bombardeos siempre serán una opción que da importantes resultados, pero en presencia de menores destrozados por la acción de las bombas, no sé si nos podamos dar la licencia de calificarlos como “exitosos”.

Pero también entiendo (no válido) que muchas veces no hay otra opción…