Base aérea y finanzas de Cali

El reciente atentado contra la base Marco Fidel Suárez que deja un saldo de siete muertos y decenas de heridos, también revivió el debate sobre la necesidad de trasladar esa instalación fuera del perímetro urbano caleño. Los argumentos contra su continuidad pueden resumirse así:

1- Riesgo por actos terroristas: Colombia vive un estado general de guerra a manos de actores armados que aplican tácticas violentas de impacto indiscriminado contra los efectivos militares y la población civil. Este endurecimiento del conflicto y la disminución de recursos asignados a la Fuerza Pública, hacen pensar que continuaran los riesgos asociados a la proximidad de las instalaciones castrenses para vecinos y transeúntes. En otras palabras, es previsible que alrededor de las guarniciones e instalaciones militares sigan presentándose ataques y atentados con saldo creciente de víctimas.

2- Riesgo por operaciones aeronáuticas. Esta es una circunstancia que ha dado lugar a emergencias como las acontecidas a lo largo de los años 2013, 2018 y 2023, con un total de seis víctimas fatales. En materia de incidentes aéreos, Cali tuvo su bautizo de fuego a principio de 1930, cuando el avión ‘garza’ piloteado por el alemán Wilhem Burckhardt y el caleño Maximiliano Bueno clavó pico sobre el antiguo colegio de Santa Librada, ubicado en la Calle Trece con Carrera Cuarta. Aunque los aviadores murieron, el techo del edificio resistió salvando la vida de los estudiantes del plantel.

3- Afectación a las finanzas municipales. Las medidas de seguridad exigidas por la operación de la base aérea limitan las construcciones en altura e impactan el desarrollo urbano y la densificación de la ciudad, induciendo el desplazamiento de la oferta inmobiliaria hacia los municipios vecinos. Esta circunstancia afecta de manera importante la generación de nuevos ingresos por concepto de predial y complementarios.

Hablando en buen romance, el enanismo urbano impuesto sobre Cali tiene costos que la ciudad no está en condiciones de asumir. Y es que un programa ambicioso de renovación urbana en altura, como el que se requiere, daría lugar a importantes flujos financieros anticipables mediante el sistema de titularización contemplado por la ley. Contaríamos así con recursos adicionales para educación, salud, infraestructura y servicio de la deuda.

Las autoridades distritales tienen la palabra para darnos a conocer el potencial impacto negativo, el costo de oportunidad sobre las finanzas locales causado por las restricciones de altura provenientes del reglamento aeronáutico.

La presencia de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez es motivo de orgullo para todos los vallecaucanos. Pero por la seguridad de las personas, la confiabilidad de las operaciones aeronáuticas militares y el fortalecimiento de las finanzas del distrito, es necesario considerar el cese de actividades en una densa zona urbana cuya vocación es otra.

Un posible aporte del estado central y la construcción de la segunda pista del Alfonso Bonilla Aragón son elementos clave para solucionar este asunto complejo. Lo lógico es que el componente universitario de la Escuela Militar de Aviación siga en la ubicación actual junto a sus nuevas ofertas de servicios y programas académicos, y que las actividades aeronáuticas se desplacen a Palmaseca, donde podrían desarrollarse sin ningún riesgo.