¿Golpe de Estado a fuego lento?

Como demócrata no puedo callar ante la ruptura institucional en curso, la cual es protagonizada por el ejecutivo con la complicidad del Congreso. No se trata de movidas abiertamente desafiantes, al estilo de un Pedro Castillo en el Perú, sino de la expedición de disposiciones que atentan contra la estructura republicana y el Estado de Derecho. Tal circunstancia deja la impresión fundada de que estamos viviendo un golpe de Estado a fuego lento.

El decreto que hace posible la excarcelación de los imputados por asolar el país con motivo del ‘paro nacional’, es una prueba de esta deriva de destrucción constitucional. En un sistema garantista como el nuestro corresponde a los jueces determinar responsabilidades y castigar a los criminales. Esta función exclusiva de la rama judicial surge de la separación de poderes, supremo principio contenido en la Carta.

Atribuirle aquella facultad a un comité conformado a capricho por el ejecutivo constituye ruptura flagrante de la institucionalidad.

El decreto en cuestión también contraviene el principio fundamental de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, y desconoce tratados internacionales integrados al bloque constitucional sobre el resarcimiento y protección de las víctimas.

Durante las jornadas del paro nacional fue claro que los grupos radicalizados actuaban en línea con la formación política adepta a Petro. Tanto así que el futuro senador Bolívar abrió una colecta de fondos para financiar sus actividades y elementos. Valga aclarar que los protagonistas vandálicos mencionados eran individuos que violaban la ley aplicando prácticas delincuenciales y nada tenían que ver en sus propósitos ni en sus métodos con las juventudes y activistas movilizados de manera pacífica. Estos no obedecían a agendas de terceros, buscando mejores políticas sociales y solución a las dificultades traídas por la pandemia.

La acción de las primeras líneas influenciadas por el Pacto Histórico y en buena medida vinculadas a aquel proyecto político, tiene antecedentes durante los tiempos que precedieron la implantación del nazismo en Alemania y del Fascismo en Italia. Allá como aquí la conquista del poder estuvo vinculada a expresiones de violencia apabullantes. Tras la imposición de los nuevos regímenes y como se pretende aquí, los protagonistas quedaron libres de cargos y fueron incorporados a las fuerzas oficiales de aquellas dictaduras.

Ante la destitución de Castillo el presidente colombiano dio pistas sobre su desprecio a la legalidad y sobre el libreto que está siguiendo. En los mensajes emitidos atribuye la caída del golpista peruano a que “no logró la movilización del pueblo que lo eligió” y llama a que “se priorice la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas”. Según el entendimiento petrista de la democracia, quien resulta elegido puede hacer lo que se le venga en gana con las instituciones y las garantías constitucionales siempre que cuente con el respaldo de masas numerosas y enardecidas.

La esperanza de parar un golpe de Estado a fuego lento radica en la sindéresis y buen criterio de las altas cortes. A pesar de que Petro anunció ríos de oro para la rama Judicial, hay que confiar en que aquellos preclaros juristas no cederán ante las seducciones planteadas por quienes se proponen arrasar los fueros de los jueces, la democracia y el Estado de Derecho.