El conflicto Emcali-Claro

Los servicios de telefonía celular e internet son parte esencial del mundo moderno, todos quisiéramos gozar de una señal estable y de calidad. Los pobladores también deseamos que las empresas dedicadas a aquella actividad actúen respetando las normas existentes, cumplan sus obligaciones con clientes y proveedores y no descuiden el paisajismo ni la armonía que contribuyen a la calidad de vida en los centros urbanos.

Lo último es importante y no lo tienen en cuenta algunos de los operadores a quienes pareciera importar poco la ciudad. Así lo indica la proliferación desordenada de torres de telecomunicación que empañan los cerros tutelares y edificios altos; así lo devela la profusión de cables que se desparraman por el aire y aterrizan formando rollos sobre los postes convertidos en monstruos con aretes.

De otra parte, los usuarios de telefonía celular e internet experimentan confusión porque mientras se los requiere para estar al día en sus obligaciones con las compañías suministradoras de aquellos servicios, se ha sabido que Comcel-Claro, la más grande de esas empresas, arrastra una cartera impaga con Empresas Municipales de Cali por el suministro de energía.

Lo que está en juego no es poca cosa, ya que Claro habría llegado a adeudar más de diez y ocho mil millones de pesos por 172 fuentes de poder no facturadas, y por haber consumido una carga superior a la contratada con relación a 668 fuentes. Según dice Emcali, tras múltiples intentos conciliatorios fallidos y la desconexión puntual que prevé la ley, el asunto llegó a la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual conceptuó sobre la procedencia del cobro al amparo del contrato uniforme de prestación de servicios. Pero la cosa pasó de castaño a oscuro cuando según se afirma detectaron nuevos consumos no regularizados y Emcali presentó denuncia penal por la posible comisión del delito de defraudación de fluidos.

Sobre esta controversia cabe formular dos comentarios. El primero es celebrar la voluntad expresada por Emcali en el sentido de defender por los diferentes medios legales al alcance las finanzas y el patrimonio de la empresa. Se trata de una determinación que debe persistir y proyectarse de manera general a todas las gestiones y procesos contractuales de la entidad.

Como segundo aspecto es necesario mencionar que Claro constituye una organización con amplia experiencia y principios declarados de responsabilidad social. Y si bien su posición de negocios se contrapone en este caso a las pretensiones locales, tiene el derecho de sustentarla ante las instancias que correspondan.

Pero aparte de lo anterior, tengo que decir con el debido respeto que encuentro inapropiado algunos de los conceptos vertidos en este diario por la vocera de la compañía colombo mexicana. Al hablar del conflicto que comentamos, la funcionaria de Claro acusó a Emcali, patrimonio caleño, de ser una empresa chantajista, autora de actos temerarios y violatorios de la ley; empresa que toma a los usuarios como rehenes; empresa que abusa del poder para afectar la capacidad de competir; empresa indolente con malas intenciones. Lástima que la representante corporativa haya preferido las emociones desbordadas y los improperios en lugar de profundizar los argumentos jurídicos. A la larga serán solo estos los que definan el asunto ante los tribunales.
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