De la paz total a la guerra total

La forma como se está gestionando la llamada “paz total” por parte del gobierno nacional, parece conducir de manera inexorable al fracaso. La violencia y el descontrol están apoderados de casi todo el territorio. Los campos son tierra de nadie y las ciudades se han llenado de zozobra.

Lejos de mejorar las cosas, cada mes se asesinan varios líderes sociales. Lo que acontece es resultado de una estrategia equivocada y de las malas decisiones gubernamentales. La Ley 2272 que traza el marco para la paz total se aplica con flexibilidad interpretativa y sorprendente condescendencia, mientras en los diálogos la insurgencia evita comprometerse.

El asunto es que sin exigir gestos de reciprocidad a los hampones, traficantes y subversivos se les dieron desde el comienzo garantías completas. Los cabecillas ya están en el mejor de los mundos: exoneración de castigos, conservación de lo mal habido, permiso para hacer proselitismo, garantía de libre movilización y hasta pago de viáticos con transporte aéreo privado. Ante tanta generosidad no le encontrarán sentido a pactar acuerdos que limitarían sus beneficios.

Lo que por ahora se ve del proceso es la eliminación del carácter sancionable de varias conductas criminales; la renuncia del Estado a su deber de perseguir los delincuentes; la ausencia de autoridad. El fiscal Barbosa se refirió hace poco al tema indicando que hay más de cuatrocientas solicitudes de captura por ejecutar en la Colombia rural.
Tales ordenes involucran a los presuntos asesinos de reincorporados y defensores de derechos humanos, pero hacerlas efectivas requiere un apoyo que no han prestado la Policía ni el Ejército. También mencionó tres mil trescientas peticiones de arresto por homicidio cuya ejecución no se concreta por falta de colaboración policial.

El caso de los soldados muertos en Norte de Santander es diciente, sus asesinos tenían órdenes de captura no ejecutadas. Por eso el Fiscal dijo que llamará a declarar al Ministro de Defensa y a los mandos responsables de no hacer las aprehensiones. Para despejar dudas el funcionario agregó que es misión del ejecutivo responder por el orden público cuya preservación representa un mandato constitucional ineludible, que no puede ser contrariado por decisiones gubernamentales. Siendo así las cosas, es a todas luces inaceptable la falta de acción orientada a controlar la criminalidad.

Los ciudadanos se preguntan por qué se permite el ejercicio de autoridad territorial por las disidencias y mafias, el adoctrinamiento de la población, la carnetización de los habitantes y el reclutamiento de menores. Al igual se conjetura sobre el criterio existente para impedir que la fuerza pública se defienda y tome la iniciativa. Peor aún, no se entiende por qué desde el gobierno alaban la formación de grupos armados irregulares como son las guardias campesinas, mientras hay un silencio desconcertante ante la actividad creciente de otras milicias. La falta de claridad deja en muchos la idea de que el ejecutivo propicia la gestación de un ejército popular politizado, el cual le serviría para imponer su modelo ideológico y arrasar la constitución y el estado de derecho. Una posibilidad que los colombianos fieles a su tradición democrática, jamás aceptarían.

La ‘paz total’ va mal y de continuar por el mismo camino puede llevarnos a la guerra total.