Interpretar la trayectoria

Es indispensable producir interpretaciones sobre lo sucedido en Colombia, de manera que puedan servir de marco de referencia valorativo sobre el presente y el mejor futuro posible. Aunque es un ejercicio cargado se sentido político, no se trata de proponer una orientación política particular de carácter electoral. De lo que se trata es de darle fuerza a las ideas o interpretaciones que pueden respaldar orientaciones generales para la sociedad. Contribuye sobremanera a este propósito, la producción académica sobre Colombia, cada vez más interdisciplinar.

Hay que comenzar por el pasado, recordando que somos una nación ‘a pesar de sí misma’ que se ha formado a partir del poblamiento de regiones geográficamente muy distintas que han contribuido a consolidar un Estado, altamente diferenciado, que está ‘en formación’. El problema colombiano es que este proceso se ha logrado en medio de guerras y violencia. Pero se han presentado cambios y avances notables.

Con posterioridad al Frente Nacional, tuvieron presencia conflictos armados, agenciados por guerrillas, paramilitares y por el crimen organizado, especialmente dependiente del narcotráfico. Con la Constitución del 91 se posibilitó la desmovilización del M-19 y se dio un paso fundamental en la formación del Estado nacional. Esta Constitución aún debe ser apropiada y desarrollada.

Posteriormente, la ley de ‘Justicia y Paz’ (2005), criticable en muchos aspectos, logró la desmovilización parcial de grupos paramilitares. Más importante y significativo: con los acuerdos de La Habana (2016), ratificados en el Teatro Colón, se dio fin al conflicto armado con las Farc que duró más de 50 años. Es cierto, que una parte de la guerrilla no se acogió al Acuerdo, pero lo logrado es innegable, especialmente con los desmovilizados, quedando mucho por hacer en el tema rural y de los cultivos ilícitos.

La JEP ha mostrado avances judiciales notables y la Comisión de la Verdad ha desarrollado actividades que permiten pensar en la validez de su papel y objetivos. El Estado no ha logrado garantizar la vida de defensores de Derechos Humanos, de lideres sociales y ambientales y de numerosos reinsertados de las Farc. El punto que quiero subrayar es que en medio de una ‘guerra sin nombre’, se ha logrado avanzar notablemente. La época de los cambios sociales revolucionarios ha caducado.

No se sabe bien qué ha sucedido en los últimos 3 años. Si antes el escenario principal era rural, ahora aparecen los conflictos urbanos con nuevos actores, especialmente jóvenes y mujeres, nuevos temas, los ambientales, la educación y el empleo y repertorios de acción distintos como los bloqueos o barricadas y manifestaciones que han concluido en enfrentamientos con la Fuerza Pública, vandalismo, muertos y heridos.
Es importante vincular este nuevo escenario de conflicto urbano con el anterior. Es clara la continuidad si se capta la dimensión regional del conflicto que se reproduce en toda la Nación. Lo que sucede en Cali es incomprensible, si no se tiene en cuenta lo que sucede, de sur a norte, desde Santander de Quilichao hasta Cartago y, de oriente a occidente, desde Palmira hasta Buenaventura.

El punto que quiero subrayar es que estamos frente a nuevos problemas, con agentes distintos, que buscan cambios profundos, ciertamente, pero que están por fuera de las agendas revolucionarias del pasado.
Propenden por ampliar la democracia, con mayor inclusión, con derechos mínimos a la vida digna y con garantías por un futuro mejor.

Insisto en que ser requieren más y mejores interpretaciones sobre la situación colombiana, que sirvan para establecer parámetros de exigencia a los debates políticos que se avecinan que, más allá de la componendas, parecen huérfanos de ideas o no las han hecho explícitas.
​