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La sensibilidad del bolsillo

Para mitigar los efectos perversos el Gobierno se vio obligado a endeudarse y emitir con el fin de proteger a los más desamparados y mitigar las consecuencias del desempleo.

27 de abril de 2021 Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Cuando se legisla para aumentar los tributos, los victimarios y los beneficiarios asumen una actitud defensiva y crítica. Digo beneficiarios, puesto que no son pocos los ciudadanos que reciben más de lo que aportan en la cadena tributaria, y aun así protestan.

Estamos atravesando una coyuntura difícil y compleja. El Covid-19 nos embistió, sin previo aviso. Aún nos encontramos atrapados por sus garras. Las consecuencias han sido desbastadoras en los aspectos económicos y por consiguiente en los sociales también. Ha profundizado la pobreza y las diferencias en los ingresos se han ampliado.

Para mitigar los efectos perversos el Gobierno se vio obligado a endeudarse y emitir con el fin de proteger a los más desamparados y mitigar las consecuencias del desempleo. Los subsidios se han multiplicado. Las secuelas no desparecerán de un día para otro, por consiguiente las ayudas deben mantenerse mientras sean necesarias.

El Gobierno convocó un grupo de expertos que pusieron el dedo en la llaga; las incongruencias de nuestra legislación tributaria saltan a la vista. Su construcción se ha realizado por medio de improvisaciones. El total de nuestra tributación es baja comparada con la de otros países, las tasas impositivas a las personas permiten deducciones regresivas, las categorías (Brackets) son amplias, lo cual no admite una progresividad equitativa. La gradualidad es fundamental. Nos habituamos a gravar el ahorro. Los impuestos a las entidades productivas es alto y el de las personas bajo, lo cual desincentiva la inversión en Colombia.
Exceptuando el IVA, son poquísimos quienes tributan.

La propuesta siguió los lineamientos de los expertos y construyó un proyecto de incremento tributario, aumentando el gravamen a los ingresos de las personas. Duele pagar impuestos. Sin duda, el momento político debido a la proximidad de las elecciones parlamentarias es muy sensible. Se necesita llegar a un consenso.

Mayoritariamente los cobros se harán el año entrante, cuando la economía será más próspera, con base en el año actual, siendo uno de los dos años más afectados por la pandemia, por consiguiente con escasos beneficios.

La solidaridad y el bien común deben prevalecer sobre los objetivos del orden político. Nunca es oportuno establecer gravámenes. Aplazar la decisión tendría consecuencias perversas. Son mejores los tratamientos a tiempo, que las enfermedades posteriores, a pesar de los sacrificios inmediatos.

Han llovido las críticas al proyecto desde todos los ángulos. Ojalá sean razonables, basadas en los principios de equidad, eficiencia y simplicidad, y carente de motivaciones populistas. Nuestra legislación es alambicada. Se debieran exigir alternativas concretas y no solo blablablá
No existen medidas del orden impositivo sin efectos adversos, lo importante es que los factores positivos superen a los negativos, los beneficios sean mayores que los perjuicios.

Los gremios y los tanques de pensamiento como Fedesarrollo pueden jugar un papel fundamental para construir un consenso mayoritario. Este no es un problema entre ricos y pobres como lo escuché en un debate entre parlamentarios, se trata un asunto de Estado en el cual debe primar la sensatez. El populismo está mandado a recoger, léase Venezuela.

Esperemos que los parlamentarios obren con sindéresis. ¿Será mucho pedir?