Evolucionemos

En estos meses hemos visto cómo se aplican y expiden normas o leyes que resultan ilógicas frente a las situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, la ampliación de número de días sin IVA en plena cuarentena, o la cuarentena estricta a los hipertensos, obesos o diabéticos que es casi imposible de controlar. Dentro de esta lista también incluiría la Ley Seca, que cada mandatario local aplica a su voluntad y se ha convertido en una costumbre casi tan natural como el himno nacional en cualquier acto público.

Las medidas relacionadas con el consumo de alcohol, como mecanismo para fortalecer el cumplimiento de las cuarentenas impuestas, es un ejemplo de política pública con muy alto costo y beneficios no comprobados. Países como Tailandia o Perú decidieron reversar la medida, al evaluar su baja efectividad y su alto impacto negativo tanto en la economía del país como en la salud de los ciudadanos.

El caso mexicano es otro ejemplo que vale la pena mencionar. A principios de abril, 52 municipios de este país prohibieron la venta de alcohol con la intención de evitar fiestas y reuniones masivas y así reducir los contagios de coronavirus. El resultado no pudo ser peor. Al menos 164 muertos por tomar alcohol adulterado y cientos de personas intoxicadas, compras masivas y especulativas previas a la restricción y venta clandestina por redes sociales.

En Colombia, existen varios municipios que insisten en la implementación de Ley Seca como una medida de prevención adecuada. Nada más lejos de la realidad. Este tipo de medidas no solo no contribuyen ni a la mitigación del contagio, ni a la reactivación económica del país, sino que generan graves consecuencias en materia de pérdida de empleo, afectación al recaudo de impuestos destinados a la salud en los departamentos, impacto negativo en el comercio minorista, incremento en el consumo de productos de contrabando o adulterados, entre otros.

Los fines de semana que se decreta Ley Seca, con una altísima posibilidad de acertar, podría uno adivinar que el menos un titular en la prensa local hace referencia a las fiestas clandestinas que fueron suspendidas. Me pregunto si el licor confiscado en estas actividades tiene estampilla. Seguramente no.

La industria de licores genera hoy alrededor de 120.000 empleos en toda Colombia y se calcula que anualmente produce cerca de $5 billones anuales destinados a la atención en salud de los departamentos, por recaudo de impuestos. Además, según cálculos realizados por Anif, en un mes de prohibición, los departamentos dejan de recaudar entre 216.000 y 431.000 millones de pesos en impuestos con destinación específica a la salud.

Colombia optó por un modelo de reactivación gradual e inteligente y está demostrado que la implementación de medidas de control de la movilidad y de las aglomeraciones resultan más efectivas que la Ley Seca. Es necesario ahora que las decisiones que se adopten conlleven a la reactivación y no a la prolongación de las medidas restrictivas por periodos que ningún sector económico está en capacidad de soportar.

El país merece que hoy, más que nunca, las decisiones de sus gobernantes estén soportadas en sólidos argumentos técnicos, tanto en el campo de la salud como de la economía. El costo de la improvisación es muy alto. Evolucionemos.