Ya y sin temor

Colombia está pasando por un momento muy complejo. Cerramos 2019 en medio de protestas sociales legítimas, aunque lamentablemente penetradas por los violentos y acompañadas de arremetidas frenteras a las instituciones democráticas desde varios sectores. Y aunque hubo una breve interrupción a causa de la pandemia, las cosas se desviaron de nuevo hacia el desorden que debemos y podemos frenar.

Los retos que enfrentamos son muchos y diversos, y están entrelazados. La pandemia genera una crisis económica que agudiza la falta de oportunidades -en especial para los jóvenes-, ello profundiza la crisis para millones y esto alborota la protesta social que aprovechan grupos subversivos y criminales para fomentar el desorden violento que abre espacios para seguir con sus ilícitos negocios y con sus nefastas intenciones en contra del bien común. Si a esto sumamos la indignación por las masacres, los escándalos de corrupción política, la poca confianza en la Justicia ordinaria y transicional, y los eventos como el abuso policivo reciente en Bogotá, además de la aguda polarización política, quedamos en el ojo de la tormenta perfecta que nos puede conducir a una Colombia en la ruina. El país lo están arrugando a punta de miedo.

Para poder superar este duro tramo de nuestra historia, debemos interpretar los cambios sociales de fondo que hemos vivido en lo corrido del Siglo XXI. Hace 20 años el 53% de los colombianos vivían en la pobreza, y más o menos 150 mil de nuestros conciudadanos estaban ligados a diversos grupos terroristas. A diciembre de 2019, el 27% de la población colombiana vivía en la pobreza, y entre Eln, bandas criminales y disidencias de Farc, no sumaban más de 15 mil ilegales. Esto es en efecto una transformación sin precedentes en la cual la vida cambió para millones de ciudadanos para bien, gracias a una combinación de políticas sociales, económicas, de seguridad y de paz, implementadas durante décadas. Entonces, no todo ha sido malo.

Luego de este avance, donde el problema predominante del país deja de ser la violencia terrorista y donde 11 millones de personas salen de la pobreza en un país inequitativo en vía de desarrollo, es normal que los ciudadanos de bien quieran más. Más educación, más salud y más oportunidades para los jóvenes; también menos corrupción, menos abusos de poder. Se exige justicia y un nuevo contrato social que cubra no sólo a los más vulnerables sino también a la clase media emergente.
Estas exigencias se deben atender escuchando y proponiendo acciones serias, no enviando a la Policía a intermediar o incitando a la violencia con retóricas populistas.

Infortunadamente, en estos años hemos retrocedido en la criminalidad. El narcotráfico, la minería ilegal y hoy la tala de árboles, están desbordados. Y ahora debemos sumar el retroceso social que inevitablemente dejará la pandemia. Los ilegales y los populistas son muy hábiles aprovechando el descontento para lucrarse económicamente y sacar réditos políticos. Desgraciadamente, las instituciones democráticas no han sabido responder a esta cruda dualidad. Ni se tratan efectivamente las legítimas preocupaciones de los ciudadanos, ni se persigue efectivamente a los incitadores violentos.

Los ciudadanos de bien que creemos que la democracia y el sistema capitalista son la mejor forma de progresar, no podemos atemorizarnos ante la necesidad de replantear ya el orden social, político e institucional para tomar el camino que nos convierta en 20 años en una nación tranquila y desarrollada, y no en un país huérfano y en la ruina.