Polarización
Los acuerdos de La Habana establecieron lo que tenía que ser: crear una justicia transicional que tratara con el mismo criterio a todos los actores comprometidos en delitos atroces.
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3 de ago de 2021, 11:40 p. m.
Actualizado el 18 de may de 2023, 07:12 a. m.
Cuando una sociedad pasa por una conmoción de envergadura o por un conflicto con el exterior, para restablecer la institucionalidad y garantizar la no repetición de lo sucedido, debe realizar al menos tres tareas: la reparación de las víctimas, la identificación de los responsables y la elaboración del significado de lo sucedido. Sobre estos tres aspectos tenemos una experiencia muy pobre en Colombia. Este país ha pagado un elevado costo por la manera precaria como ‘se resolvió’ la ‘violencia’ de los años 1950. Las negociaciones posteriores con grupos armados se limitaron simplemente a conceder amnistías incondicionales a los excombatientes.
Las negociaciones de La Habana se inscribieron en exigencias mucho mayores. Las víctimas, que nunca habían sido protagonistas, ahora están en el centro del proceso. La Comisión de la verdad, a cargo del padre De Roux, debe entregar un informe a finales del año. El problema más álgido y más complejo es la asignación de responsabilidades, el meollo del problema actual.
Las Farc (y otros grupos armados) cometieron muchas atrocidades, que dieron como resultado la reacción de diversos sectores, desde el Estado y desde la sociedad civil. Sin embargo, el ‘remedio’ resultó tan grave como la ‘enfermedad’. Al crimen atroz se respondió con el crimen atroz, al ataque contra las poblaciones con las masacres. El Estado apeló a medios ilegales para combatirlos, como lo muestran los falsos positivos, para sólo citar un ejemplo. Los paramilitares desarrollaron su propia agenda con el narcotráfico y con la apropiación de tierras e hicieron un aporte muy significativo a la degradación del conflicto.
Los acuerdos de La Habana establecieron lo que tenía que ser: crear una justicia transicional que tratara con el mismo criterio a todos los actores comprometidos en delitos atroces. No se podía repetir la historia de aplicar penas leves a unos mientras a otros se les condenaba a largos años de prisión, como ocurrió con los militares comprometidos en la retoma del Palacio de Justicia que terminaron en la cárcel mientras los del M-19 disfrutaban de una amnistía.
La fuente primordial de la polarización que hoy vivimos se encuentra en este punto. En Colombia nadie es enemigo de la paz. El desacuerdo proviene de sectores que quieren que se aplique un criterio de ‘responsabilidad selectiva’, que sólo toque a un sector de la contienda.
Muchos consideran que la reacción contra las Farc fue un simple acto de legítima defensa frente a una amenaza inminente y actual (art. 32, C. Penal), eximente de responsabilidad. Pero el asunto es que eso no fue así. Independientemente de quién haya dado el primer golpe el problema es que existen responsabilidades múltiples y en grados variables.
¡Cuánta gente no justificaba en su momento las atrocidades de los paramilitares! El temor a un enjuiciamiento es el que ha llevado a un importante sector a oponerse al proceso de paz, así se sacrifique la suerte de este país, con tal de salvar el propio pellejo. Tendemos siempre a eximirnos de las responsabilidades y a ponerlas en los otros. Pero en alguna medida todos somos responsables.
¿Es posible entonces superar la polarización cuando su causa es la imposibilidad de aceptar las múltiples responsabilidades en el conflicto? ¿Es posible la construcción de la paz sobre la base de una ‘impunidad selectiva’ que sólo se aplique a un sector? Argentina, con posterioridad a la dictadura, optó por una ‘Ley de punto final’ para garantizar la impunidad de los militares que finalmente terminó siendo un fracaso. El asunto es que mientras no se encuentre una solución al problema de las responsabilidades en el conflicto, seguiremos penando en una polarización, cuyos resultados han sido la pérdida de legitimidad del Estado, con las graves consecuencias que hemos visto en el reciente estallido social. Me temo que el futuro de Colombia se encuentra en este momento en manos de la rectitud de los jueces en la aplicación de las normas jurídicas a la definición de las responsabilidades. La salida de la polarización es extremadamente difícil.

Profesor Departamento de Ciencias Sociales Universidad del Valle e investigador del Cidse desde 16 de mayo de 1977. Doctor en Sociología de la EHESS de París. Fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y director de los programas de pregrado, maestría y doctorado en Sociología. Escribe para El País desde 1998.
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