Las reglas del juego

Los resultados de las elecciones del 29 de mayo nos han puesto frente a una situación inédita en la vida política colombiana. Las especulaciones con respecto a lo ocurrido son diversas: con Petro y Fico estábamos ante una alternativa entre cambio y continuismo, pero ahora estaríamos ante dos alternativas de cambio diferentes.

El hundimiento de la candidatura del Equipo Colombia sería el signo inequívoco de una crisis de representación por parte de la clase política y los partidos tradicionales. El uribismo habría llegado a su final. Los votantes pasaron su cuenta de cobro a la mala gestión del actual presidente. Las alternativas hoy en día estarían entre dos formas de populismo, de derecha e izquierda. Ante la nueva situación no es claro cuál sería el destino de los votantes que perdieron las elecciones.

Nos encontramos frente a un cúmulo de problemas acuciantes en el inmediato futuro. El ‘estallido social’ del año pasado se encuentra en estado de latencia, situación muy bien representada en la metáfora de la erupción inminente de un volcán, que nos ofreció hace poco Alejandro Gaviria. Uno de los aspirantes resalta la lucha contra el hambre y la pobreza. El otro repite una y otra vez que para poder actuar hay que recuperar los dineros públicos extraviados en la corrupción. Sin embargo, ninguno de los dos insiste lo suficiente en un aspecto esencial: la condición previa para la salida de la situación dramática en que nos encontramos es la recuperación de la institucionalidad, seriamente afectada durante las últimas décadas.

A los ciudadanos del común parece no importarles mucho la cuestión de la institucionalidad. La ignorancia política que existe en este país es proverbial. La existencia de poderes públicos independientes que se fiscalicen mutuamente es para muchos colombianos una abstracción lejana y sin sentido. La violación de los derechos humanos es una práctica que muchos consideran plenamente justificada. La intolerancia de los gobernantes frente a la oposición es aplaudida. La representación corriente es que la llegada de un grupo al poder es para la salvaguarda de sus intereses y la exclusión del grupo perdedor.

Pero lo que no se entiende es que, en una sociedad, además de los intereses particulares, existen intereses colectivos y el presidente, desde el momento mismo en que asume el poder, debe saber instalarse en ese lugar. Lo dice la Constitución política en el Artículo 118: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional” y debe “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

La grave crisis social que atraviesa Colombia tiene como precondición la pérdida de legitimidad del Estado y el deterioro del ejercicio de la democracia. El ‘estallido social’ del año pasado tuvo como trasfondo las demandas sociales insatisfechas y la falta de oportunidades de los jóvenes. Pero la condición que lo hizo posible fue precisamente la crisis de legitimidad de las instituciones que se había incrementado durante los últimos años. El costo de enfrentar a los grupos ilegales con medios ilegales pasó su cuenta de cobro y el gobierno hizo poco para reparar los daños. El presidente entrega unas instituciones en bancarrota por su irrespeto a las reglas de juego constitucionales en las que fue elegido: la cooptación de los organismos de control, la participación en política, la Ley de garantías, las objeciones a la JEP, etc.

Tenemos que hacer una campaña pedagógica para que el ciudadano común y corriente comprenda que la defensa de la democracia es el primer punto del orden del día. Sólo en su marco es posible llevar a cabo la transformación social que este país pide a gritos. Y el presidente de la República, por encima de los intereses del grupo que lo elige, debe ser el garante supremo de la existencia y el funcionamiento de unas instituciones que permitan tramitar por las vías pacíficas los múltiples conflictos que nos atraviesan. ¿Cuál de los candidatos se compromete mejor con la recuperación de la institucionalidad y de la democracia y nos garantiza su continuidad? Este sería el principal criterio a tener en cuenta para tomar una decisión en las próximas elecciones.