Cinco años después

Hoy se conmemora el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla más antigua del continente, un acontecimiento significativo en la vida política de este país, parteaguas entre dos épocas: las Farc eran el último vestigio que quedaba de la Violencia de los 50, de donde procedían en línea directa.
Su influencia fue determinante sobre todo desde los años 80.
Desmontar esta maquinaria de guerra (por la aniquilación militar y la inevitable negociación) era una de las tareas que había que afrontar, tarde o temprano.

Los resultados de este proceso no han sido satisfactorios. El Presidente ha mantenido una postura ambivalente: mientras dice una cosa en el exterior, hace otra en el interior. Y aunque puede presentar algunos logros, su apoyo a los Acuerdos ha sido más bien tibio y en muchos aspectos no ha dudado en buscar la manera de desmontarlos y descarrilarlos. Aún quedan pendientes muchas cosas que el Gobierno ha ‘descuidado’: la reforma rural integral, la entrega de tierras, las zonas de reserva campesina, la sustitución concertada de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de las economías campesinas, la reforma política y electoral contra la corrupción y el clientelismo, la implementación de las circunscripciones especiales de paz, la presencia del Estado en las antiguas zonas de conflicto, la protección a los excombatientes, entre otras.

Nadie creía que con el proceso de paz se iba a acabar el conflicto armado en Colombia. Pero la precaria implementación de los Acuerdos ha favorecido la recomposición de grupos armados en cerca de 300 municipios y el recrudecimiento de la violencia. Se asesina un líder social cada dos días y hay una masacre cada tres. Crecen las disidencias asociadas al narcotráfico y la minería ilegal, las amenazas y los desplazamientos forzados; los grupos paramilitares se expanden hacia zonas que antes controlaba las Farc. Desde noviembre de 2016 han sido asesinados 284 reincorporados y se incrementó en 46,5% el número de víctimas de minas antipersonales (Indepaz, 2021).

A pesar de todo los Acuerdos de paz han dejado huella. Hay un gran rechazo por la guerra y ‘el uso de las armas en la política’ y se han incrementado las movilizaciones democráticas que buscan transformaciones estructurales. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Paz son dos de sus baluartes. Es evidente que si este proceso de paz no hubiera despertado una oposición tan fuerte, hoy este país estaría significativamente mejor y habríamos entrado en la senda de la paz, favorable para todo el mundo. Las élites económicas y políticas no han comprendido una verdad de a puño: el proceso de paz no beneficia solo a los sectores populares o a los antiguos combatientes, sino a sus propios intereses.

¿Cuál es entonces la razón para que un proceso de paz, que prometía mucho para Colombia, encontrara una oposición tan fuerte? Respuesta: la asignación de responsabilidades por lo sucedido. Cuando se analizan las cifras se puede observar que las responsabilidades del conflicto son compartidas por todos los bandos comprometidos: los grupos paramilitares cargan con la mayor responsabilidad en las masacres (58,9%), los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, ocurridas desde 1982. Las guerrillas tienen una mayor responsabilidad en lo que tiene que ver con los secuestros (66% aproximadamente), los ataques contra las poblaciones, la infraestructura y la siembra de minas (Indh, 2003).

Los opositores de los Acuerdos han buscado siempre una ‘impunidad selectiva’ que solo comprometa a los grupos guerrilleros, pero es un hecho que lo sucedido compromete también a sectores paramilitares, civiles y agentes del Estado. La JEP se estableció para juzgarlos a todos por igual y esto para muchos es inaceptable, y lo que los lleva a oponerse por todos los medios a los Acuerdos para ‘salvar su pellejo’, así el país se derrumbe. No obstante, a pesar de todos los intentos por sabotearlo, el proceso de paz sigue su rumbo inexorable. A buenos entendedores...
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