Familias inmigrantes abandonan Arizona por nueva ley

Historia de las familias indocumentadas que deben abandonar Arizona por la nueva ley migratoria

"¨Cuánto?", pregunta un joven en español, mientras señala cuatro envases de cera para autos en una reciente venta de garaje en un vecindario del este de Phoenix.Minerva Ruiz y Claudia Suriano no saben el precio, así que le dirigen un grito a su amiga Silvia Arias, quien es la que ofrece esos productos en venta.Pero Arias no escucha, y Suriano improvisa. "Cinco dólares", dice también en español, y logra otra venta.Mientras las mujeres esperan a su próximo cliente, bajo el calor matutino creciente en Arizona, hablan sobre alimentos y ropas, acerca de sus niños y sus maridos. Son buenas amigas y todas colaboran con la escuela primaria del vecindario, para ayudar en la educación de sus hijos.Las tres son inmigrantes mexicanas. Pero ahora, realizan la venta de garaje a fin de recaudar dinero para marcharse de Arizona y escapar de la severa ley estatal que las considera delincuentes, por ser indocumentadas.Ruiz y Suriano, así como sus familias, planean mudarse este mes. Arias y su familia contemplan la posibilidad de irse, pero esperarán a ver si la nueva ley entra en efecto el 29 de julio como está previsto. En ese caso, no tendrán otra alternativa que marcharse.La ley requiere que la policía, cuando investigue algún presunto delito o infracción, pregunte a las personas sobre su estado migratorio, si existe una "sospecha razonable" de que esa persona se encuentra ilegalmente en el país. Convierte también en un delito menor el encontrarse sin documentos en Arizona, y prohibe buscar trabajo como jornalero en las calles del estado.Al promulgar la ley, el estado no ha ocultado sus intenciones. Busca expulsar de Arizona a los indocumentados y desalentar su regreso.No hay datos oficiales sobre cuántos se marcharán debido a la ley. Pero las experiencias referidas por escuelas, comercios, iglesias e instalaciones de salud sugieren que partirá un número considerable de personas.Ruiz, Suriano y Arias son un ejemplo que ilustra lo que enfrentan muchas familias, confrontadas con un cruel dilema. Para irse, deben sacar a sus hijos de la escuela, buscar nuevos empleos y viviendas en otro lugar, en fin, cambiar de vida. Pero si se quedan, saben que sus familias serán vigiladas bajo las leyes más estrictas de inmigración que hay en el país, y están conscientes de la amenaza potencialmente mayor que enfrentarían si son detenidas y deportadas.Perciben además una hostilidad general creciente contra los hispanos. En el tramo de 400 metros de la calle Belleview donde viven Ruiz y Suriano en Phoenix, más de la mitad de los apartamentos y casas tienen letreros de "se renta" en la fachada. Las mujeres dicen que la mayoría de la gente ha pensado en mudarse desde finales de abril, cuando se promulgó la nueva ley."Todos tienen miedo", dijo Arias. Las tres amigas son integrantes de un grupo de padres comprometidos con la educación de sus hijos en la escuela que se ubica en la misma calle, dijo Rosemarie García, funcionaria de enlace con los padres para el distrito escolar de las primarias de Balsz."Ellas son la materia prima de todo esto", dijo García. "Yo acudo a ellas para todo". Dado que dos de las mujeres se irán y la otra piensa hacerlo, García está preocupada por el futuro de la escuela."Esto será como un desierto", dijo. "Tendremos un hueco en todo el vecindario, un vacío en la comunidad y en nuestra escuela".Ruiz, Suriano y Arias se conocieron hace tres años, cuando comenzaron a beberse un "cafecito" en la escuela. Ahora, sus familias organizan asados juntas y los niños de una se quedan a dormir con los de otra de vez en cuando.Hace 15 años, Arias, de 49 años, y su esposo jornalero, pagaron a un "coyote" (traficante de indocumentados) para llegar a Arizona desde Tepic, capital del estado de Nayarit, en la costa mexicana del Pacífico. Sus hijos, de 9, 11 y 13 años, son ciudadanos estadounidenses. "No quiero irme, pero no sé qué va a pasar", expresa. Ruiz, de 38 años, y su marido carpintero, llegaron a Estados Unidos desde Los Mochis, en el estado de Sinaloa, vecino de Nayarit, hace unos seis años, con visas de turistas, que expiraron hace un buen tiempo. Dos de los niños, de 9 y 13 años, están aquí ilegalmente, mientras que su hijo de 1 año nació en Estados Unidos.La familia se mudará a Clovis, Nuevo México, donde tiene otros parientes. "Allá todo está más tranquilo", considera Ruiz.Suriano, de 28 años, cruzó junto con su marido la frontera hace seis años, por el desierto, llevando en brazos a un bebé. El niño tiene ahora 9 años y la pareja tiene otro hijo, de 4, nacido en este país.Ahora, Suriano piensa mudarse a Albuquerque, donde no conoce a nadie. Sin embargo, la pareja ha logrado ya alquilar un apartamento, y él ha conseguido un empleo de carpintero."Estamos dejando atrás todo", dice Suriano, con lágrimas en los ojos. "Pero tengo mucho miedo de que la policía me agarre y me mande de regreso a México".Algunas personas en el vecindario no comparten ese dolor. "Adiós, hasta la vista", dijo Sarah Williams, de 28 años, quien vive a dos calles de Ruiz y de Suriano, con sus hijos de 5 y 7 años, y con su tía. "Ellos están quitando oportunidades a los estadounidenses y a los residentes legales".Sin embargo, Williams asegura que no apoya la nueva ley de Arizona, pues considera que llevará a discriminación racial contra ciudadanos y residentes legales.La ley enfrenta varias impugnaciones legales pendientes. El Departamento de Justicia Federal revisa el estatuto, para determinar si viola los derechos civiles, con el posible fin de impugnarlo en la corte.En una entrevista del 8 de junio con medios de comunicación en Ecuador que comenzó a difundirse la semana pasada en Estados Unidos, la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, dijo que el presidente Barack Obama cree que el gobierno federal debe establecer la política nacional de inmigración y que el Departamento de Justicia "estará presentando una demanda contra la ley".Pero quienes apoyan la medida dicen que el Congreso no ha dado un solo paso significativo para combatir la inmigración ilegal, y que por lo tanto, el estado tiene el deber de hacer algo.