El servicio de inteligencia en el que Maduro se apoyará para seguir gobernando

La anunciada decisión de muchas democracias del mundo que no reconocerán el nuevo mandato que Nicolás Maduro iniciará el próximo jueves hace prever que la represión del régimen gobernante en Venezuela se incrementará todavía más.

Y en ese escenario, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, que despierta en la mayoría de los venezolanos profundo temor, jugará un papel fundamental para el sostenimiento de lo que muchos llaman la dictadura vigente en el vecino país.

De hecho, tres personas que estaban en poder de esa policía política fallecieron en extrañas circunstancias durante los últimos tres meses de 2018.

El primer caso fue el del concejal Fernando Albán, quien, de acuerdo con las autoridades, se suicidó el 8 de octubre al lanzarse desde el piso diez de la sede del Sebin, donde se encontraba desde tres días atrás.

El segundo ocurrió el 6 de noviembre, cuando se anunció el fallecimiento del armero Modesto Díaz, aprehendido en agosto pasado por presunto porte ilícito de armas y cuyo deceso fue provocado, según la versión oficial, por un infarto intestinal.

Y el último ocurrió el 12 de diciembre, cuando se conoció la noticia de la muerte del expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Nelson Martínez, quien permanecía detenido desde noviembre de 2017 acusado de malversación de fondos junto al exministro de Petróleo, Eulogio Del Pino.

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El exfuncionario habría muerto a causa de complicaciones de una condición crónica en “un centro de salud”, aseguraron las autoridades, mientras que disidentes del oficialismo denunciaron que a Martínez no se le ofreció ningún tratamiento.

Aunque los tres casos han vuelto a colocar al Sebin en la palestra, el de Alban fue el que le costó más caro al Gobierno, que debió soportar reproches internacionales, no solo por las contradicciones en las que incurrieron el ministro del Interior, general Néstor Reverol Torres, y el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, en sus primeras intervenciones sobre el suceso, sino por los antecedentes del cuerpo.

“El Sebin es un organismo al que todo el mundo le tiene miedo y se ha ganado ese miedo por su forma de actuar en contra de las leyes y de los derechos humanos. Para él no hay decisión de juez o de fiscal que valga, él impone su ley, avalado por Maduro”, afirmó Carlos Nieto Palma, director de ‘Una ventana para la libertad’, dedicada a monitorear la situación en las cárceles venezolanas.

Agregó que, creado por Maduro, es un órgano de represión y de inteligencia para vigilar a opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios y todo el que piense distinto al Gobierno.

Antes de las tres muertes, el Sebin ya estaba en el ojo del huracán debido a detenciones y allanamientos sin orden judicial que viene realizando desde el 2015, pero especialmente por su negativa a cumplir las decisiones de los jueces que le han ordenado excarcelar a personas recluidas en sus calabozos que han denunciado haber sido víctimas de tortura o malos tratos.

De hecho, hasta que fuera destituida por la Constituyente, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, había contabilizado 21 casos de venezolanos que estaban presos por el Sebin, pese a que los tribunales habían ordenado que fueran devueltos a las calles.

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El País logró contactar a dos personas que estuvieron en los calabozos de ese organismo, quienes señalaron que las condiciones de detención no solo violan todas las disposiciones legales nacionales e internacionales, sino que eran infrahumanas.

“El Sebin es un centro de tortura. Yo mismo fui víctima de torturas”, relató Vilca Fernández, exdirigente estudiantil que pasó dos años detenido por participar en las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2014. “Nada más me arrestaron, me tuvieron tres días en interrogatorios constantes en el edificio donde dicen que Albán se suicidó, lo cual para mí es imposible, pues el tiempo que estuve allí siempre estuve vigilado y nunca me dejaron ir al baño solo. No tuve un instante de privacidad”, agregó.

Fernández, quien tras ser liberado fue expatriado a Perú, narró, sin embargo, que lo peor le esperaba en El Helicoide, la otra sede del Sebin en Caracas. “Pasé semanas en aislamiento total, sin ver la luz del sol y casi sin ventilación, en una celda de apenas metros. Después me cambiaron a otra con 20 presos más, pero sin baño. Teníamos que hacer nuestras necesidades en el piso, frente a todos. Yo podía escuchar como golpeaban y le daban descargas eléctricas a otros presos. El sadismo de quienes dirigen el Sebin es infinito”.

Su relato es ratificado por un político opositor que pasó dos años preso sin juicio, señalado de orquestar actos terroristas en el fronterizo estado de Táchira. “Es horrible. No hay palabras para describir lo que viví. No se lo deseo ni siquiera a quienes me lo hicieron”, aseveró desde el anonimato, porque una de las condiciones que le impusieron para dejarlo libre fue que no hiciera declaraciones a los medios.

En Plaza Venezuela, la otra sede del organismo de inteligencia, está ‘La Tumba’, que reúne celdas de 2 x 3 metros de tamaño, sin baños y ubicadas a cinco pisos bajo tierra, donde las luces nunca son apagadas, por lo que es difícil saber si es de día o de noche. Además, el aire acondicionado hace que la temperatura siempre sea extremadamente baja.

Allí permanece el exministro de la Defensa y compadre del fallecido Hugo Chávez, general Raúl Baduel, hoy crítico del oficialismo y señalado de participar en una conspiración contra el régimen, cuya familia no lo ha podido visitar en varias semanas.

Antes de los fallecimientos relatados, otras dos personas habían muerto estando bajo la custodia del Sebin: el piloto Rodolfo González, quien en el 2015 se habría ahorcado en su celda; y el concejal opositor Carlos García, que en septiembre de 2017 falleció por una dolencia médica no tratada.

En medio de tan comprometedor panorama, el Sebin ha sido clave para desarrollar cuestionadas iniciativas como la Operación Liberación del Pueblo (OLP), el último plan de seguridad activado por Maduro para combatir la criminalidad y al cual entes de derechos humanos han calificado como una “razzia” contra los pobres.

Al menos 505 personas habrían sido ejecutadas en el marco de ese plan solo entre junio de 2015 y julio de 2017, y más de 17.000 allanamientos a viviendas se habrían realizado bajo su tutela sin la respectiva orden de un juez.

La fiscal Ortega, exiliada en Colombia, se ha sumado a los cuestionamientos e incluyó al hasta hace poco director del Sebin, general Gustavo González López, en la lista de jerarcas chavistas acusados de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en noviembre de 2017.

“Todas las boletas de excarcelación de las personas que permanecen secuestradas en el Sebin estaban dirigidas a González López y eran recibidas en su oficina y eso demuestra que había una voluntad de mantener a las personas privadas de libertad y luego usarlas como fichas políticas (…) Él fue el ejecutor principal, de todas las violaciones, en particular de las detenciones ilegales”, explicó Zair Mundaray, mano de derecha de Ortega Díaz y quien como ella se exilió en Bogotá.

La figura del general parece haberse convertido en un fardo pesado para el presidente Maduro, quien a principios de noviembre lo sustituyó por otro general (Christian Figuera) también vinculado a los servicios de inteligencia. La decisión trascendió días después de que Lorent Saleh, un excarcelado que permaneció cuatro años en las mazmorras del Sebin tras haber sido expulsado de Colombia, expusiera, en España, con lujo de detalles las torturas y malos tratos a los que fue sometido y por los cuales trató de suicidarse, en al menos cuatro ocasiones.

Los obispos venezolanos alertaron que “todas las dudas” enmarcan la jura que hará Nicolás Maduro este jueves para un nuevo mandato presidencial que parte de la comunidad internacional no reconocerá.
“¿Legítima?, ¿Ilegítima? La historia, cuando sea el momento a través de los actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor José Luis Azuaje, al leer un comunicado ante periodistas y agregó que el Gobierno de Maduro ha causado “un deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la Nación”.

Así, un nuevo mandato de Maduro “se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable”, añadió Azuaje en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Iglesia venezolana.

“Con este racimo de deterioro, podemos imaginarnos los sufrimientos que tendrá que pasar el pueblo en un nuevo período de Gobierno, si no se ponen las correcciones necesarias que pasan por un cambio integral de política y de actores políticos”, reiteró Azuaje.

Dijo que la Asamblea Nacional, cuya nueva directiva se instaló el sábado, es “el único órgano democrático vigente” y exhortó a este organismo a trabajar “para que se recomponga el orden democrático desde el ámbito constitucional” y les pidió a los dirigentes opositores “consolidar una unidad política, dejar los intereses personales para entrar en un interés social, del pueblo”.