Crisis institucional de Perú llega a su punto más álgido

La profunda crisis política e institucional de Perú llegó ayer a un nuevo punto álgido con la ‘cuestión de confianza’ a la que se sometió en el Congreso el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y que puede terminar en la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salvador del Solar, recordó ayer la corrupción que se destapó en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Del Solar dijo que era “urgente” que los peruanos puedan volver a confiar en las autoridades y en la democracia, tras el escándalo de corrupción que se descubrió en la judicatura y en la política con la investigación de los sobornos de Odebrecht y otras empresas.

“Estamos aquí porque, aunque no han pasado 20 años de la lamentable evidencia de corrupción de la salita del SIN, una vez más nos encontramos ante una tremenda crisis de corrupción”, expresó el primer ministro ante el Congreso.

La salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) era la oficina del exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos donde sobornó a cientos de políticos, autoridades, empresarios y militares para asegurar la reelección de Fujimori en el 2000.

Precisamente, el actual Gobierno peruano se enfrenta a la oposición en el Congreso, encabezada por la fujimorista Fuerza Popular, para pedir la aprobación de una reforma que permita combatir los actos de corrupción, que generan pérdidas por 10.000 millones de soles (unos 3000 millones de dólares) al año en Perú.

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La actual lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del exmandatario preso por delitos de lesa humanidad, está detenida en el marco de las investigaciones por lavado de activos en su contra.

En el caso de que el Parlamento le niegue la confianza al gabinete, el mandatario peruano, Martín Vizcarra, está facultado para disolver el Congreso, dado que se trataría del segundo voto en contra en lo que va del Gobierno.

Del Solar explicó que los cinco ejes de la reforma política se refieren a los proyectos de ley para que ningún postulante en las elecciones tenga una sentencia por delitos comunes con penas mayores a cuatro años de cárcel.

Asimismo, para que los candidatos a la Presidencia, el Congreso, a Gobernador o Alcalde sean elegidos por militantes y ciudadanos en elecciones abiertas, en las que participen los organismos electorales y que los resultados sean vinculantes.

Igualmente, que se elimine el voto preferencial porque ha favorecido a quien tiene mayor financiamiento y ha permitido el ingreso de fondos de origen dudoso en las campañas.

Además, promueven la alternancia y paridad de género en las listas parlamentarias, y que la inscripción de los partidos sea con un número mínimo de 14.000 afiliados.

Del Solar también anunció una iniciativa que regula la inmunidad parlamentaria para “evitar que el Congreso actúe como juez y parte, y que esté a cargo de un órgano autónomo que motive sus decisiones en criterios de imparcialidad e independencia”.

Con esta medida, el jefe del gabinete pidió al Parlamento enviar “señales de que los políticos no tenemos corona y debemos responder a la justicia”.

El primer ministro afirmó que “es urgente tomar conciencia de que el verdadero peligro es seguir como estamos. Esta reforma política no es una herramienta utilizada por el Gobierno contra el Congreso, es más bien la ocasión de ofrecerle una nueva oportunidad al diálogo”.

Del Solar, acompañado por los integrantes del gabinete, se retiraron del Parlamento, tras la presentación de la cuestión de confianza, para dar paso al debate de las bancadas, que se extendió durante todo el día. Hasta el cierre de esta edición no había sido votado.

El primer ministro señaló que es absolutamente factible que los proyectos sean debatidos y aprobados en la presente legislatura, que podría ser ampliada hasta el 26 de julio.

En febrero del 2017 se supieron los primeros detalles de la gigantesca trama de sobornos de la constructora Odebrecht en Perú, una enorme red de corrupción que abarcó prácticamente a todos los partidos y líderes políticos del país.

De un plumazo, al enfrentamiento político se le unieron choques legales y jurídicos, que tuvieron su eco en el Congreso tanto como entre la opinión pública.

En junio del 2018, se supo de la existencia de una trama de jueces y fiscales de alto rango que traficaban con favores y prebendas, conocidos como “Los Cuellos Blancos”.

El Gobierno peruano ha respaldado la labor que realiza el Ministerio Público en la investigación del escándalo Lava Jato en Perú que ha llevado a procesar a varios exmandatarios.