Crisis energética | Ecuador enfrenta racionamientos tras ruptura con Colombia: expertos advierten que era evitable

Lo que hoy ocurre en Ecuador, con racionamientos eléctricos que afectan a miles de familias, no es un hecho aislado ni inesperado. Analistas coinciden en que esta crisis es, en gran medida, consecuencia de decisiones políticas que interrumpieron una dinámica de cooperación energética que durante años funcionó entre Colombia y Ecuador.

Antes de esta coyuntura, Colombia desempeñaba un papel clave en el abastecimiento energético del vecino país. Se exportaban hasta 9.0 GWh-día, cubriendo cerca del 10% de la demanda ecuatoriana, con precios competitivos que nunca superaron los $360.3 por kWh.

Incluso, en febrero, el costo de la energía pudo haber sido inferior a los $131.7 por kWh, lo que representaba un alivio importante para el sistema eléctrico ecuatoriano.

Sin embargo, el deterioro de las relaciones bilaterales provocó la suspensión de esta interconexión, dejando en evidencia la fragilidad de los sistemas cuando se rompe la integración regional. Hoy, las consecuencias recaen directamente sobre la ciudadanía, que enfrenta cortes de energía y dificultades en su vida cotidiana.

Este escenario se da en paralelo a una creciente disputa comercial entre ambos países. El conflicto inició en enero de 2026, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando fallas en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Posteriormente, la medida escaló hasta un 50 %, intensificando las tensiones.

Como respuesta, Colombia implementó restricciones al ingreso de productos ecuatorianos como arroz y banano, además de suspender la interconexión eléctrica. Ecuador, por su parte, incrementó los costos para el transporte de petróleo colombiano a través de sus oleoductos, elevando aún más el nivel del conflicto.

A pesar de este panorama, ambos gobiernos retomaron el diálogo con la mediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Las delegaciones, lideradas por los viceministros Juana Castro y Alejandro Dávalos, acordaron avanzar en temas clave como la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado.

En el comunicado conjunto, se destacó la necesidad de reforzar estrategias contra delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, además de abordar de manera integral asuntos pendientes en comercio, transporte, energía e hidrocarburos. También se reiteró el compromiso de fortalecer la cooperación judicial y mantener abiertos los canales diplomáticos.

Mientras tanto, en la frontera, las consecuencias económicas ya son evidentes. El cierre del puente internacional de Puente de Rumichaca durante 19 días, en medio de protestas por los aranceles, dejó pérdidas millonarias para comerciantes y transportadores.

Aunque el paso fue reabierto recientemente, gremios advierten que la situación sigue siendo crítica. En ciudades como Ipiales, un 37,7 % de las empresas ha tenido que aumentar precios, mientras que el 83,9 % considera que las medidas arancelarias afectan directamente su competitividad.