Candidato presidencial de Guatemala pide dejar sin efecto resolución sobre elecciones

El candidato presidencial Bernardo Arévalo pidió este domingo dejar sin efecto la decisión de no oficializar los resultados de las elecciones generales de junio en las que pasó a la segunda vuelta.

Arévalo dijo que su Movimiento Semilla presentó un recurso contra “la decisión unilateral de la magistrada presidenta de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) que pretende dejar en suspenso la adjudicación de cargos y la convocatoria a segunda vuelta”.

Los resultados de la elección fueron sometidos a revisión a pedidos de varios partidos que denunciaron irregularidades.

El recurso presentado por Arévalo ocurre luego que el CSJ ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no oficializar los resultados de los comicios pese a concluir la revisión de los resultados.

Esa resolución de la CSJ fue firmada únicamente por la presidenta de la Corte, Silvia Valdés, que ordenó al TSE informar sobre el procedimiento utilizado para la revisión de los resultados.

Ese informe fue entregado por el TSE el sábado, pero la Corte Suprema debe dictaminar si la revisión se efectuó de forma correcta y conforme a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

Arévalo en el escrito presentado ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia de justicia en Guatemala, solicitó que “se deje sin efecto la resolución” emitida por Valdés.

También solicitó que evalúe la “posible comisión del delito de abuso de autoridad” por parte de la presidenta de la CSJ, por “haber usurpado funciones” que le corresponden al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El sábado, la candidata presidencial Sandra Torres, también reaccionó a la resolución de la presidenta de la CSJ y pidió a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral “oficializar” los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, cuyo plazo de impugnación venció el sábado mismo.

“Si nos ajustamos a los plazos que fija la Corte de Constitucionalidad, hoy el Tribunal Supremo Electoral debe salir a oficializar a los dos partidos que vamos a la segunda vuelta”, señaló Torres en una rueda de prensa.

En las elecciones generales del 25 de junio, Torres (15,86%) y Bernardo Arévalo (11,77%) fueron los más votados entre los 22 aspirantes. El balotaje de las presidenciales será el 20 de agosto.

Los disturbios que generaron las elecciones

Pobladores de dos municipios de Guatemala se enfrentaron a policías que lanzaron gas lacrimógeno para disolver las protestas por supuestas anomalías en las elecciones generales realizadas a finales del mes de junio, dijeron las autoridades.

Los incidentes se registraron en San José del Golfo, en la periferia noreste de la capital, donde fue suspendida la votación, así como en San Martín Zapotitlán, al sur de la Ciudad de Guatemala, según la entidad electoral.

“Hemos tomado la decisión de cerrar permanentemente los centros de votación” en San José del Golfo, dijo en rueda de prensa el presidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, Álvaro Bravo.

Precisó que ahora corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidir “cuándo y cómo llevar a cabo las votaciones en ese municipio”.

Los incidentes iniciaron en la madrugada del domingo 25 de junio cuando unos vecinos interceptaron autobuses con votantes de otros lugares que fueron movilizados con la intención de que votaran en San José del Golfo, según dirigentes opositores.

Los enardecidos pobladores también amenazaron con agredir a los miembros de las mesas receptoras de votos y de la Junta Electoral Municipal, al acusarlos de complicidad.

Se desconoce si los manifestantes pertenecen o no a un partido político.

En tanto, la policía lanzó bombas lacrimógenas para disipar a los manifestantes en San Martín Zapotitlán, quienes quemaron las papeletas en un centro de votación a causa de la misma denuncia de traslado de votantes.

El oficial de la policía del lugar, Edgar Morán, aclaró que intervinieron para retomar “el control de la situación” y fueron detenidas once personas, quienes fueron “puestas a disposición de la autoridad competente” (la justicia).

Nota con información de AFP