Bukele propone endurecer penas: menores podrían recibir cadena perpetua en El Salvador

El gobierno del presidente Nayib Bukele propuso una reforma para imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos como homicidio o violación, en medio de su política de endurecimiento contra el crimen en El Salvador.

La iniciativa amplía el alcance de una reciente reforma constitucional, presentada ante la Asamblea Legislativa, que ya contempla prisión de por vida para “homicidas, violadores y terroristas”.

Extender la pena a menores

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la propuesta busca que estas sanciones también apliquen a menores que incurran en delitos graves.

“Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua, aun en el caso de menores de edad”, afirmó ante una comisión legislativa.

El funcionario sostuvo que quienes ingresan voluntariamente a organizaciones criminales o cometen crímenes como asesinato o violación deben recibir un tratamiento distinto al de otros infractores, al considerar que el sistema actual ha servido como “recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales”.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Francis Merino, aseguró que parte de la violencia en el país ha estado relacionada con lo que calificó como “permisividad” de las leyes vigentes.

La reforma deberá ser ratificada por el Congreso, mientras que la norma específica que incluye a menores será discutida en los próximos días.

Actualmente, la legislación salvadoreña no contempla la cadena perpetua, y las penas máximas alcanzan los 60 años de prisión.

Apoyo oficialista y críticas

Desde el oficialismo, la propuesta ha sido respaldada como una medida necesaria frente a la criminalidad.

“No hay vuelta atrás. Lastimosamente, con los pandilleros esa es la realidad. No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación”, afirmó la diputada Suecy Callejas al justificar la iniciativa.

Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que este tipo de medidas pueden vulnerar estándares internacionales, especialmente en lo relacionado con derechos de niños y adolescentes.

Un informe de Human Rights Watch de 2024 documentó la detención de más de 3.000 menores en el marco del régimen de excepción vigente en el país.

Contexto de la política de seguridad

La propuesta se da en medio de la ofensiva contra las pandillas que ha impulsado el Gobierno de Bukele, a la que se le atribuye una reducción significativa de los homicidios en el país y la desarticulación de pandillas como los Mara Salvatrucha y Barrio 18.

No obstante, esta estrategia también ha sido cuestionada por grupos de derechos humanos, que denuncian detenciones sin orden judicial.