Violencia en el oriente de Cali: No paran los enfrentamientos entre pandillas

Por: Laura Cortez Palacios/ Reportera de El País

Los vecinos de Pizamos III y Potrero Grande denunciaron por medio de las redes sociales que su sector nuevamente está siendo afectado por los enfrentamientos de jóvenes que se citan en un parque que divide ambos barrios para enfrentarse con piedras, palos e incluso, con armas blancas.

En uno de los casos más recientes, registrado el pasado miércoles en la noche, dejó en evidencia la complejidad de la situación, puesto que los habitantes se tuvieron que esconder en sus hogares por temor de ser golpeados o que una piedra u otro objeto contundente los lesionara.

Según un exmiembro de la Junta de Acción Comunal de Pizamos III, a pesar de las constantes denuncias, grupos de adolescentes siguen citándose en el parque y otras zonas divisorias del sector para pelear. “Esto no solo pasa en la noche, para a cualquier hora del día, sin importar si la gente va pasando por allí o si hay niños que van para el colegio”, indicó.

Además, este no es un problema nuevo, desde hace más de una década en este punto del oriente de la ciudad se vienen presentando desmanes, con subidas y bajadas. El coronel (r) Héctor Herrera, exuniformado de la Policía de Cali, indicó que esta situación específica de inseguridad se presenta aproximadamente desde el 2007.

Según Herrera, “en la Comuna 21 se ha venido generando impacto en el ámbito criminal, delincuencial y en la creación de fronteras invisibles. A esta comuna llegaron muchas invasiones de Cali y cuando se juntaron, llegaron unos jóvenes y comenzaron a delimitar y desmarcar sitios diciendo que los de tal sector no podían meterse al otro sector. En ese entonces había cuatro barreras, el día de hoy hay más de 16″.

El abogado, asesor consultor y exdirector Didh y dih MDN, exsecretario de seguridad de Cali, coronel (r) Carlos Soler, explicó que las llamadas fronteras invisibles son “barrios que tienen accidentes geográficos en cuadras, canchas, límites entre los barrios potreros o vías donde en uno de los lados ejerce control social y territorial. Un grupo de jóvenes que comienzan a proteger su barrio, su gente, primero por temas de seguridad, luego a eso se suman rentas ilegales que dejan muchos recursos”.

Cuando estos límites son cruzados, se generan enfrentamientos. Herrera aseguró que años atrás se presentaban homicidios por estas supuestas infracciones, lo que ha generado enemistades entre bandas barriales por décadas. Sin embargo, cabe señalar que las denuncias recientes señalan agresiones, no otro tipo de delitos, aunque no se descarta que se presenten ante la frecuencia de las mismas.

El habitante de Pizamos III dijo que la mayoría de los jóvenes que participan de estas peleas son menores de edad, quienes en muchas ocasiones han dejado los estudios y se dedican a la venta de sustancias estupefacientes y a cobrar extorsiones.

Gustavo Orozco, politólogo experto en seguridad y terrorismo, fundador de Objetivo Cero, explicó que además de las rentas ilegales, estas pandillas tienen otros propósitos al crear fronteras invisibles.

“Más allá de las fuentes de financiación ilegal, estas barreras tienen un componente identitario y parte de este es delimitar muy bien sus áreas de influencia para transmitir por un lado poder y, por el otro, contribuir a sus miembros a fortalecer ese sentido de protección y pertenencia que es lo que muchas veces los muchachos están buscando al hacer parte de los grupos”.

Más que una problemática delictiva, las pandillas en la Comuna 21 de Cali son un problemática social. La disfuncionalidad familiar y falta de oportunidades académicas y laborales, facilitan a la criminalidad mostrar que en el delito hay una manera de ganar dinero y que estas bandas pueden ser una familia.

“Los jóvenes son hijos de parejas disfuncionales, los padres no están presentes en la crianza y desde muy pequeños están solos porque las madres están trabajando en turnos de más de 12 horas en casas de familia o empresas. Ellos quedan en manos de otros familiares y desde los 8 o 10 años empiezan a frecuentar el parque, a veces no asisten a estudiar y los empiezan a vincular a combos criminales”.

Orozco, por su parte, afirmó que estas barreras son el resultado de la degradación del tejido social y una falta de identidad y de ocupación de jóvenes que “ven en las pandillas una salida económica y una identidad o afiliación de grupo que les entregue poder dentro de la sociedad”.

Por ello, los especialistas insistieron en que es necesaria una política social que incluya a los menores vulnerables y les muestre otros caminos de vida lejos de la delincuencia. Además, indicaron que si las autoridades se comprometen a trabajar articuladamente con los jóvenes, la situación puede cambiar, como se ha evidenciado en otros sectores de la ciudad.

Los expertos concluyeron que para mejorar estos enfrentamientos que vulneran los derechos de seguridad y movilidad de los vecinos de Pizamos III y Potrero Grande, la inversión social debe ser una prioridad tanto del sector privado como del público.

“Hay que empoderar todos estos jóvenes, buscar la manera de atraerlos hacia la educación, hacia el deporte, hacia zonas seguras, garantizar más Policía Comunitaria e ir de la mano de las madres comunitarias. Recuperar estos jóvenes requiere una intervención social, de Fuerza Pública, de educación y de Cultura”, aseguró Soler.