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Vandalismo dañó 120 cámaras de seguridad en Cali

Junio 22, 2021 - 11:55 p. m. 2021-06-22 Por:
Redacción de El País
Cámaras de seguridad en barrios Cali

En la ciudad se está buscando poner en operación 300 cámaras más y reparar las 120 cámaras dañadas o vandalizadas durante las manifestaciones.

Foto: Archivo El País

Desde que iniciaron las manifestaciones en el marco del paro nacional, en Cali han sido dañadas o vandalizadas 120 cámaras de seguridad y video vigilancia.

De acuerdo con Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, esto es un tema muy grave y se están haciendo todos los trámites para judicializar a los presuntos autores de estos hechos.

Además, explicó Soler, “un tema clave para la seguridad son las cámaras de video vigilancia que hace parte de la estrategia ciudades seguras de la Alcaldía. En el caso de Cali, se busca poner en operación 300 cámaras más y reparar las 120 cámaras dañadas o vandalizadas (varias del oriente). Los nuevos equipos serán instalados en sitios estratégicos según lo defina la Policía Metropolitana”.

Antes del paro, Cali contaba con un sistema de video con cerca de 1850 cámaras, de las cuales 500 requerían mantenimiento.
Esto, según las mismas autoridades, “impide la reacción de la Policía en algunos casos puntuales y disminuye la probabilidad de que los responsables de delitos puedan ser llevados ante la justicia”.

El Secretario de Seguridad acotó que “las cámaras son vitales para nosotros y la misma ciudadanía porque ahí quedan los elementos probatorios que nos permite luego mostrar en juicio a los diferentes actores de los desmanes. Además de que queda en video el registro de los delitos que se cometen en las calles de la ciudad”.

Las cámaras de foto detección o ‘fotomultas’ que hay en Cali también fueron destruidas. Antes del paro habían 37 de estos elementos, pero todos fueron vandalizados

¿Qué implicaciones tiene todo esto?

Para el concejal Fernando Tamayo, “lo grave de la vandalización de las cámaras es que realmente no fue una cosa que aparece por generación espontánea, sino que fue algo sistemáticamente organizado. Se destruyen las cámaras aledañas a los sitios que son posteriormente destruidos, como las estaciones del Sistema MÍO y otras superficies que terminaron atacadas. Es evidente la toma en la que se comienza hablando de vandalismo planeado. Por esto se destrozan las cámaras, objeto o puente de posible judicialización”.

“Se cierra nuestra ciudad en sus puntos alternos, arranca la protesta, tumban todas las cámaras de video vigilancia y posteriormente se vandalizan las estaciones y paralelo se comienzan a atacar la gasolina, para que todo mundo ande a pie, todo esto para generar pánico. Aquí lo grave frente a todo esto es que se debe descubrir quién es el cerebro y lo que se oculta detrás de todo este caos”, expresó el Cabildante.

Al tiempo, la concejala Diana Rojas, manifestó que “luego de casi dos meses de paro, el informe del estado de las cámaras de seguridad reportado por la Administración es que hoy, 857 de las 1859 cámaras, están funcionando, lo que equivale a un 43%. Del total de cámaras de la ciudad, hay 1052 con novedades, ya sea que requieren mantenimiento o cambio. La Secretaría de Seguridad y Justicia reportó hoy (ayer) en sesión de control político que hay al rededor de 120 cámaras afectadas producto del vandalismo, lo que es aún más preocupante, porque quiere decir que tenemos entonces al rededor de 687 cámaras en funcionamiento”.

“Si bien hoy el sistema está afectado por el vandalismo, no es ineficiente por esas circunstancias, sino por la Administración. Se está repitiendo la misma historia del año pasado y la ciudad no se puede permitir volver a recorrer el mismo camino. En estos temas no se deben escatimar esfuerzos y menos aún bajo un contexto de alza de homicidios e inseguridad como la que viene presentando la ciudad, las cámaras son los ojos de la ciudad, por eso la Administración debe presentarle un plan a los caleños en el que deje claro en cuánto tiempo Cali podrá contar con un sistema de video vigilancia óptimo”, indicó Rojas.

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A su vez, el concejal Roberto Rodríguez afirmó que “esto no ha sido improvisado, lo prepararon con mucha, pero mucha antelación, una buena operación avispa para golpear los puntos más vulnerables de la ciudad. Pero lo primero que tenían que hacer era acabar con las cámaras y todo lo que fuese vigilancia, después de eso el caos en los accesos y el bloqueo interno de la ciudad. Ante esto, el Estado debió intervenir, pero fueron muy endebles y permitieron que el transporte masivo fuese vulnerado, lo que terminó en una ciudad vulnerada y atentada”.

Por otro lado, el experto en seguridad Alberto Sánchez dijo que “hay una relación entre la destrucción de cámaras y la necesidad de dejar ciertos puntos ciegos para elaborar acciones como actos de protesta o propiamente criminales. Eso ha sido, y no solo presente en Cali, sino también en ciudades como Bogotá. Este impacto no radica solo en la capacidad de reacción que tiene la Fuerza Pública para reaccionar ante los puestos de mando unificados, sino también, por ejemplo, si usted daña una foto multa, pues está generando riesgos de seguridad vial”.

Para concluir, Juan Carlos Araque, también analista en temas de seguridad, indicó que “aunque el vandalismo en Cali y en algunos municipios del Valle ha transmitido al ciudadano de a pie una visión diferente a la realidad que se ha vivido, con la destrucción de estos elementos los violentos buscan que no se descubra esa realidad oculta de estas actividades”.

Otra voz

“La destrucción de las cámaras, tristemente, es dañar por dañar, pero aún más triste es que, con cámaras o sin cámaras, en esta ciudad delinquir parece que no cuesta nada, en especial ahora, donde la realidad está escondida y la seguridad no está priorizada en la Alcaldía. Entre otras cosas, el uso de las cámaras debe mejorar, puesto que en gran parte nunca funciona y cuando sí, terminan siendo usadas para nada, y necesitamos una inversión inteligente en tecnología, pero que sea bien usada por la Alcaldía para que también sirva a la Policía y a la Fiscalía”, dijo Gustavo Orozco, politólogo y experto en seguridad.

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