Siete de cada 10 extorsiones vienen de cárceles: Policía

En menos de cuatro meses, otro establecimiento comercial de Tuluá fue blanco de un ataque con granada. Se trata de una compraventa de café ubicada en el barrio Sajonia, que en la noche del pasado sábado presentó daños en la fachada y la puerta principal luego de que dos hombres en moto lanzaran un artefacto explosivo.

Fuentes le confirmaron a este diario que se trataría de un caso de extorsión en el que un grupo delincuencial le exigiría una millonaria suma al propietario, una versión que es estudiada por las autoridades.

Otro hecho reciente tuvo lugar el 8 de diciembre del año pasado, cuando un local de venta de frutas fue blanco de una granada de fragmentación.

Y también destaca un episodio ocurrido a finales de octubre, cuando el autoservicio El Campesino fue atacado de la misma forma y cuyo propietario había denunciado amenazas de muerte de una persona recluida en la cárcel de Valledupar.

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“Para el caso concreto de la compraventa de café no podría dar razón de que sea propiamente por una extorsión, al menos en este momento. Ya se aperturó una investigación formal con la Fiscalía para determinar las causas”, explicó el mayor José Edwin Espitia, comandante del grupo Gaula de la Policía Valle.

De acuerdo con el uniformado, cerca de siete de cada diez casos de extorsión en el departamento (pero también a nivel nacional) obedecen a llamadas telefónicas desde centros penitenciarios para provocar miedo en la víctima, pero sin necesidad de tomar acciones concretas que pongan en riesgo la vida de la persona.

Es por eso que estas personas suelen identificarse como actores del ELN, el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc, mensajes que van acompañados de amenazas de muerte, instrucciones para abandonar el negocio en caso de que no obedezca una cita, entre otros.

“Frente a este tipo de hechos, hemos comprendido que la mejor forma de combatir la extorsión es a través de la prevención. Es por eso que en campañas que hemos realizado en el Valle le indicamos a las personas que, una vez son contactadas por estos delincuentes, se comuniquen con la Línea 165 del Gaula para verificar la veracidad de la extorsión, que muchas veces no se implica riesgo”, explicó Espitia.

Indicó que en lo corrido del año se han recibido 56 denuncias por extorsiones en la Seccional Valle de la Policía (que no cubre Cali), lo que implica una reducción del 45 % respecto al mismo periodo del 2019, cuando se llevaba el reporte de 101 casos en la región.

El mayor de la Policía recordó que el año pasado se presentaron repetidas denuncias de extorsiones en el kilómetro 30 del municipio de Dagua, Valle, hacia comerciantes del sector, quienes afirmaban recibir llamadas intimidatorias del ELN.

“Al replicar la información entre ellos, se generaba pánico y desinformación, porque más tarde se verificó que todas las llamadas provenían de la prisión de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’. Es por eso que se hizo una reunión que tuvo el acompañamiento de la Administración Municipal y se le explicó a la comunidad; se logró evitar que todos los comerciantes hicieran alguna consignación”, afirmó.

Espitia agregó: “Es cierto que hay bandas de delincuencia común organizada que tienen presencia en Tuluá, pero las veces en las que toman represalias reales en casos de extorsión no son tan altos”.

En la noche del viernes se presentó una explosión por una granada que fue lanzada contra un establecimiento comercial del barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de Cali.

La Policía Metropolitana informó en su momento que el episodio, que dejó dos personas con lesiones leves, estuvo vinculada a una venganza.

Según la Institución, hasta la fecha se han registrados 69 casos de extorsión, 28 menos respecto al mismo periodo del año pasado; además, 13 personas han sido capturadas.

Una fuente del gremio de seguridad le contó a este medio que “en el mercado negro, una granada puede llegar a costar entre $40.000 y $50.000. Es un negocio muy similar a la venta de armas ilegales, pues se consigue mediante ciertos contactos en unos barrios de Cali y que en la mayoría de las ocasiones, comercializan como productos artesanales, los cuales no tienen la misma potencia que las granadas del Ejército”.

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