Senador Ciro Ramírez es condenado a 23 años de prisión por escándalo de ‘las marionetas’

La Corte Suprema de Justicia condenó al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez a 23 años de prisión por su participación en el escándalo conocido como ‘las marionetas’.

En fallo de primera instancia, el alto tribunal lo declaró culpable de los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, dentro de un entramado que salpicó al Congreso anterior por el direccionamiento irregular de contratos a través de congresistas y asesores, en alianza con funcionarios de entidades territoriales en regiones donde tenían influencia política.

Los hechos por los que fue juzgado por la Sala Especial de Primera Instancia se remontan a 2021, cuando, según la decisión judicial, se habría concretado una negociación ilícita en la que participaron Pablo César Herrera, asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta y el senador Ramírez.

En ese encuentro, Herrera le habría presentado al hoy condenado los avances de un contrato de gerencia suscrito entre esa entidad y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Posteriormente, el 13 de octubre de ese año, Herrera se habría reunido nuevamente con Ramírez y con Pierre García para analizar la suscripción de un nuevo contrato interadministrativo de gerencia integral entre el DPS y Proyecta.

Según la Corte, durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que limita la contratación directa, se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta por $48.660 millones.

La investigación señala que, como resultado del esquema de corrupción, contratos de obra e interventoría como Saldaña y Quindío. Varios habrían quedado en manos de un grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, quien habría designado a los contratistas.

De igual forma, proyectos en Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, junto con sus respectivas interventorías, habrían sido direccionados para favorecer a empresas representadas por Anderson González González.

De acuerdo con el expediente, el plan, presuntamente diseñado y promovido por García, buscaba consolidar un proyecto político en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, mientras se realizaban pagos de dádivas que habrían alcanzado los $1000 millones.

Testigo clave en el proceso

Uno de los elementos centrales en la decisión del Alto Tribunal fue el testimonio de Pablo César Herrera, considerado una pieza clave dentro del proceso. Herrera, quien fue capturado por las autoridades y lideró uno de los proyectos involucrados, entregó detalles sobre la forma en que se habría articulado el entramado.

De acuerdo con su declaración, se habría llevado a cabo una reunión determinante en la sede del DPS, en la que se pactó la contratación irregular. Asimismo, aseguró ante la justicia que, presuntamente, el senador Ciro Ramírez lo contactó mientras se encontraba en prisión, con el fin de pedirle que omitiera información ante las autoridades.

Con base en estos elementos probatorios, la Corte condenó al congresista por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, también adoptó decisiones clave sobre el cumplimiento de la pena: negó la suspensión de la ejecución de la condena y rechazó el beneficio de prisión domiciliaria, lo que implica que la sentencia deberá cumplirse en un centro carcelario.

No obstante, el proceso aún podría tener un nuevo desarrollo. En caso de que la defensa interponga un recurso de apelación, el expediente pasaría a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de emitir una decisión definitiva. Una vez ese fallo quede en firme, la condena se consolidará jurídicamente.