Se agudiza la crisis humanitaria en San Vicente del Caguán, Caquetá, por los combates entre grupos armados ilegales

La situación humanitaria en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, atraviesa uno de sus momentos más críticos, todo a raíz de los intensos enfrentamientos armados que, desde el pasado 26 de diciembre de 2025, se registran entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura disidente de las Farc asociada a alias Calarcá Córdoba, y la Segunda Marquetalia, otro grupo armado ilegal que opera en esta zona del país.

De acuerdo con información verificada por los profesionales de la Defensoría del Pueblo, los combates se concentran principalmente en las veredas Linderos y La Libertad, donde las confrontaciones ponen en grave riesgo a la población civil, especialmente a familias campesinas que adelantan labores agrícolas en medio del temor generado por la presencia de actores armados en esa zona de Colombia.

Por eso, las autoridades humanitarias alertaron que las comunidades rurales enfrentan múltiples amenazas derivadas de los enfrentamientos. Entre los principales riesgos se encuentran las afectaciones directas a la vida y la integridad de los habitantes, quienes permanecen expuestos a quedar en medio del fuego cruzado entre los grupos ilegales.

“La Defensoría del Pueblo ha puesto estos hechos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres oportunidades, mediante comunicaciones formales que advierten la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección; la más reciente fue remitida en las últimas horas, sin que a la fecha se evidencien respuestas con impacto efectivo en el territorio”, indicó la Defensoría del Pueblo, en un comunicado de prensa.

A esta situación se suma la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar, un peligro silencioso que limita la movilidad de los campesinos, impide el desarrollo de actividades productivas y representa una amenaza constante, especialmente para niños y adultos mayores que transitan por caminos rurales de esa población.

La crisis también ha generado un escenario de alto riesgo de desplazamiento forzado, confinamiento y homicidios selectivos, lo que podría agravar la emergencia social y humanitaria en el municipio, una zona históricamente golpeada por el conflicto armado en Colombia.

Uno de los aspectos que más preocupa a los organismos defensores de derechos humanos es la vulnerabilidad en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan un riesgo latente de ser reclutados o utilizados por los grupos armados ilegales. Este fenómeno, considerado una grave violación a los derechos humanos, continúa afectando a menores que viven en territorios con presencia de actores armados.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en que la protección de la niñez debe ser una prioridad en las acciones institucionales, debido a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que deja el reclutamiento forzado.

Por la gravedad del panorama, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por la falta de acciones contundentes por parte del Estado. El territorio cuenta con la Alerta Temprana 018 de 2023, en la que ya se exponían los riesgos para la población civil por la presencia y disputa territorial entre grupos armados.

“La implementación de lo estipulado en los acuerdos de paz debe reflejarse en acciones reales que ofrezcan alivio a las comunidades”, señaló la Defensoría del Pueblo, reiterando la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las estrategias de protección para la población civil de ese municipio.

Ante el deterioro de la situación, la Defensoría realizó un llamado directo a los grupos armados ilegales para que excluyan estrictamente a la población civil de las hostilidades y respeten el Derecho Internacional Humanitario, DIH, que establece normas para proteger a quienes no participan en el conflicto armado.

Asimismo, el organismo solicitó al Estado colombiano adoptar medidas urgentes, coordinadas y eficaces para garantizar la protección de los habitantes de San Vicente del Caguán, con especial énfasis en la niñez y la juventud, sectores altamente vulnerables frente a las dinámicas del conflicto.

Mientras tanto, Camilo Losada, personero municipal de San Vicente del Caguán, expresó en varios medios de comunicación que: “Se confirma presencia de contaminación por artefactos explosivos, con la preocupación y el agravante de que la mina que estalló esta semana en la vereda Linderos se activó en inmediaciones de una institución educativa, lo que aumenta el riesgo para los menores de edad que cursan sus clases en la zona rural”.

El funcionario indicó que también se registraron enfrentamientos en la vereda La Libertad y explicó que se activaron las rutas institucionales. “Hemos elevado nuestra preocupación ante el Comisionado de Paz y el Ministerio de Defensa; activamos el Comité de Justicia Transicional y el Consejo de Seguridad. En este momento hay suspensión de clases en las instituciones educativas cercanas a la Zona de Reserva Campesina y ya se activó el plan de contingencia para atender posibles desplazamientos o confinamientos”, agregó Losada.

Hay que tener presente que San Vicente del Caguán es históricamente uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia, escenario de disputas territoriales entre diferentes estructuras ilegales. Las comunidades campesinas, que dependen de la agricultura y la ganadería, enfrentan aún los efectos de la violencia, el abandono estatal y las limitaciones para acceder a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

Finalmente, los miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA, rechazaron públicamente estos hechos e hicieron un llamado al cese definitivo de todas estas acciones de violencia y a la reconciliación para la protección de las comunidades y la construcción de paz en los territorios.

El organismo internacional recordó a los grupos armados ilegales su obligación de respetar la vida, la integridad de los campesinos, garantizar la movilidad y el acceso seguro a los territorios, en cumplimiento del Derecho Internacional.