Salvatore Mancuso cuestionó a magistrada de Justicia y Paz que ratificó su orden de captura

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso envió un derecho de petición desde una prisión de Estados Unidos, solicitando a las autoridades información para desmentir las supuestas amenazas que lanzó él a la magistrada de Justicia y Paz de Bogotá, Alexandra Valencia, quien ratificó la orden de captura con fines de extradición en su contra.

En la misiva de cuatro páginas, enviada a los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al fiscal General de la Nación, Mancuso dijo que considera que hay una campaña en su contra tras ser designado como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro.

“Eso no parece una coincidencia, sino una campaña mediática diseñada para influir y condicionar las decisiones de la JEP, la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional”, dijo Mancuso.

Además, cuestionó la decisión judicial y las declaraciones de la magistrada Alexandra Valencia, quien advirtió la necesidad de que el excomandante paramilitar siga compareciendo a los procesos que tiene pendientes. Según Mancuso, la magistrada “ha negado injustificadamente su libertad y ha insistido en su extradición de vuelta a Colombia para garantizar que comparezca ante las víctimas, presumiendo que voy a incumplir”.

El excomandante paramilitar afirmó que ya cumplió su condena de 17 años en una prisión de Estados Unidos, por lo que ya cumplió la condena de 8 años de le impuso la Sala de Justicia y Paz, entonces, aseguró que no es posible que no continúe compareciendo ante las autoridades.

“Durante 17 años, he participado en casi 3000 audiencias judiciales desde el exterior, como lo permite el artículo 39 de la Ley 975, atendiendo los requerimientos de las autoridades judiciales del país y, en consecuencia, honrando mis compromisos con la justicia colombiana. Esta participación permanente ha sido posible, incluso, en las condiciones más difíciles de privación de libertad en los Estados Unidos”, alegó en la carta.

Por otro lado, Mancuso cuestionó el hecho de que la magistrada hubiera asegurado que la información que él brindó fue “poco novedosa” ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

“La magistrada Valencia advierte a la JEP que la verdad aportada no es nueva. Esta conducta no es simplemente indelicada, es una interferencia flagrante en una justicia prevalente, que traspasa los límites de la independencia de la justicia y su función judicial, demostrando una desconexión palpable con la metodología y la ruta de trabajo establecida por la JEP. Sus afirmaciones reflejan una falta de conocimiento y comprensión en el proceso, desestimando, por ejemplo, lo que hemos presentado bajo el enfoque de macro criminalidad que en Justicia y Paz fue descuidado reiteradamente en sus fallos”, señaló Mancuso.

Y agregó: “Muchas verdades contadas, fueron parcialmente reflejadas en las sentencias judiciales, y solo pueden encontrar su lugar en la JEP. Hemos hecho un análisis detallado de esas verdades, identificando elementos trascendentales que Justicia y Paz no tuvo en cuenta o nuevos que no pude narrar debido a que no me brindaron las garantías para reconstruirlos”.

Por último, Mancuso desmintió las declaraciones de la magistrada y aseguró que nunca ha emitido una amenaza en su contra. Además, dijo que si lo hubiera hecho, el trámite normal hubiese sido solicitar su exclusión de los beneficios de esta ley creada luego de la desmovilización de los paramilitares.

“Estas acusaciones tendenciosas, que se repitieron en el pasado ante un medio italiano, me obligan a dirigirme a la magistrada por los canales legales y públicos correspondientes. Le exhorto a que presente, sin ambigüedades, sin demora y con la claridad que la justicia demanda, las pruebas y circunstancias en las que yo, en dos ocasiones, la habría amenazado. De lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización que puede constituir una calificación penal”, dijo Mancuso.

Por eso, Mancuso pidió que se remita un informe, si existe, sobre las denuncias o compulsas de copias hechas por la magistrada en su contra, refiriéndose sobre las supuestas amenazas que él habría emitido en su contra.

“Defender con vehemencia mis derechos no equivale a una amenaza. Si la magistrada encuentra o puede demostrar una amenaza de mi parte, debe obrar de acuerdo con la ley y solicitar mi exclusión de Justicia y Paz; de lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización de quienes, como yo, hemos depuesto las armas, admitido nuestras equivocaciones y buscado resarcirlas dentro de las reglas impuestas por una sociedad democrática y en un Estado de derecho”.