Los tres escenarios judiciales que Salvatore Mancuso podría enfrentar como gestor de paz

Pese a que continúa la polémica sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, surgió la duda sobre tres escenarios judiciales que están por resolver previo a la firma del decreto presidencial que oficializa este nombramiento.

Entre los escenarios que deberán ser solucionados por el Gobierno nacional está la solicitud que presentó Mancuso con anterioridad sobre su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la extradición a Colombia y el levantamiento de sus órdenes de captura.

Cabe señalar que Mancuso en la actualidad está detenido en Estados Unidos y esta decisión, que se tomó desde el Gobierno nacional, es con el objetivo de avanzar en la verdad del proceso de paz, que inició en el gobierno de Álvaro Uribe con las Auutodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Extradición a Colombia

Entre las dudas principales que dejó el nombramiento del presidente Gustavo Petro se encuentra la extradición de Estados Unidos a Colombia de Salvatore Mancuso, ya que con anterioridad se ha puesto en la agenda esta solicitud con el fin de que se pueda cumplir a las víctimas del conflicto armado, con las deudas de justicia y reparación.

Hay que señalar que en 2008 a Mancuso lo extraditaron a Estados Unidos para cumplir por procesos de narcotráfico y la condena que debía pagar en el país norteamericano era de 15 años, los cuales ya pasaron; sin embargo, el exjefe paramilitar no ha regresado a Colombia.

Desde el gobierno de Gustavo Petro se ha pedido con urgencia este traslado, por ejemplo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha señalado con anterioridad a algunos medios de comunicación que la solicitud está en proceso y que se espera conocer una respuesta definitiva sobre la extradición el próximo 22 de agosto.

En esta decisión formal, también se tendrá respuesta sobre si aceptarán la solicitud que hizo Mancuso de ser enviado a Italia, país del que tiene ascendencia, o regresará a Colombia a cumplir con el proceso de justicia y reparación.

Su participación en la JEP

De igual manera, en cuanto el ingreso de Mancuso para hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, se está a la espera conocer que decisión tomará el tribunal transicional tras las recientes declaraciones que entregó el exjefe paramilitar en mayo.

Cabe señalar que este fue un tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz con la Farc, que en principio se ha señalado que no tiene competencia para juzgar a exparamilitares. En dos ocasiones la JEP ha rechazado su sometimiento como tercero civil, sin embargo, le ha brindado la oportunidad para ser admitido bajo la figura de ‘sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública’.

Esto quiere decir que Mancuso habría actuado como intermediario entre los paramilitares y la Fuerza Pública, esta decisión está en revisión con base en lo que expresó el exparamilitar en la audiencia y en los documentos adicionales que presentó.

Allí se tienen en cuenta 4 macrocasos, uno de ellos investiga los asesinatos y las desapariciones forzados que se registraron durante los ‘falsos positivos’, es decir, las bajas que se dieron por parte de los agentes del Estado.

Otro de ellos es la actual situación territorial en Antioquia, en la región de Urabá, en donde se cometieron delitos de lesa humanidad contra las comunidades étnicas, al mando de Mancuso y en conjunto con los agentes del Estado. A este se le suma que su testimonio ayudaría a esclarecer el exterminio de la Unión Patriótica.

Posteriormente, también se abordan los crímenes que se cometieron por la fuerza pública o terceros civiles en conjunto con los paramilitares en el marco del conflicto armado colombiano.

Órdenes de captura

Por útlimo, hay que señalar que desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concedió a Mancuso el beneficio de libertad condicional por cuatro años, con base en el cumplimiento de la pena que se impuso por justicia y paz. Sin embargo, desde la Corte Suprema de Justicia se había determinado que este beneficio no podía ser efectivo.

Frente a las órdenes de captura vigentes en Colombia no serían revocadas, ya que la Fiscalía General de la Nación ha afirmado que dentro de la política de Paz Total, esta medida no aplicará para individuos que formen parte o sean exmiembros de grupos sin carácter político.