Procuraduría demandó acuerdo entre Colombia y Portugal para la elaboración de pasaportes; sus razones

La polémica por la firma del nuevo contrato para la elaboración de pasaportes colombianos, suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, sigue dando de que hablar.

Esta vez se abrió un nuevo proceso judicial en contra de la iniciativa del gobierno de Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que interpuso una demanda de control administrativo contra el contrato estatal.

La Procuraduría había alertado anteriormente por unas “posibles fallas administrativas” en la Imprenta Nacional tras haber realizado unas visitas de supervisión.

Entre las falencias identificó que la capacidad de la Imprenta para asumir el nuevo rol en la fabricación de libretas de pasaportes era insuficiente y el cronograma de elaboración era inviable, hecho que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a extender el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la elaboración de este documento.

Y ahora, el organismo de control considera que el contrato, valorado en 1,3 billones de pesos, vulnera los principios fundamentales de la contratación pública establecidos en la Constitución Política de Colombia y la normativa vigente.

La demanda cuestiona la legalidad de uno de los contratos estatales más costosos en la administración pública colombiana, relacionado con un servicio esencial como la emisión de documentos de identificación y viaje.

Detalles de la demanda

La demanda fue presentada por Marcio Melgosa Torrado, identificado como Procurador Delegado Preventivo y de Control de Gestión, quien ejerció su facultad para formular la pretensión de nulidad absoluta del contrato estatal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera (reparto).

“Me permito ejercer el derecho de acción conforme a los artículos 277 numerales 4° y 7° de la Constitución Política de Colombia, 28 y 38 numeral 1° del Decreto 262 de 2000 y 45 de la Ley 80 de 1993, para formular demanda medio de control de controversias contractuales establecida en el artículo 141 del CPACA cuya pretensión es la NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL”, se lee en el documento oficial.

Como parte demandante actúa la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Preventivo y de Control de Gestión.

Las partes demandadas incluyen: el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Frmre), representado por la ministra Rosa Yolanda Villavicencio; la Imprenta Nacional de Colombia (INC), representada por Viviana León Herrera; y la Imprenta Nacional Casa da Moeda, S.A. de Portugal (Incm), representada por Dora María Dos Santos Ferreira Brites Moita y Nuno Serpa Leitão Guerra Santos.

El resultado de este proceso administrativo podría tener implicaciones significativas para la ejecución del contrato y la provisión de pasaportes a nivel nacional, dependiendo de lo que determine el tribunal en su sentencia.