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Colombia
Luis Fernando Almario, primer acusado por crímenes de lesa humanidad en la JEP; fue la ficha para que las Farc ascendieran al poder político
Por estos hechos, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz pedirá la máxima pena que son 20 años de cárcel.
Este 29 de mayo, el excongresista liberal Luis Fernando Almario Rojas se convirtió en la primera persona en ser acusada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos de lesa humanidad de persecución. La Unidad de Investigación y Acusación presentó un documento detallando las acusaciones en su contra.
El exparlamentario, quien ha sido señalado de participar en el secuestro y asesinato de cuatro integrantes de la familia Turbay Cote, a manos de la guerrilla de las Farc el 29 de diciembre del año 2000, deberá enfrentar ahora 30 conductas delictivas.
Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, reveló que el exrepresentante a la Cámara se habría unido al Bloque Sur de las Farc con el objetivo de apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá. “Era el líder de un entramado político que se apoderó, junto con el Bloque Sur de las FARC, del control político en el Caquetá”, afirmó Álvarez Santoyo.
El objetivo de Almario y sus aliados habría sido desencadenar una guerra en contra de la familia Turbay Cote, reconocida como una de las más poderosas y prominentes de la región, con el fin de aniquilarla por completo. Como parte de este plan, se habría planeado y ejecutado el homicidio de Diego Turbay Cote, quien ocupaba el cargo de presidente de la Comisión de Paz del Senado, así como de otros miembros de la familia y personas cercanas a ellos, incluyendo a Inés Cote de Turbay, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP considera que Almario jugó un papel clave en el ascenso de las Farc al poder político en el departamento, y además establece que el excongresista también habría establecido alianzas con grupos paramilitares para lograr sus objetivos políticos. “Por su participación en la parapolítica, ya se encuentra condenado”, afirmó Álvarez Santoyo.
“Luis Fernando Almario fue clave para lograr un objetivo que se había trazado las Farc a través de la Séptima y Octava Conferencia. Esto es la toma del poder político a través de todos los medios”, aclaró el presidente de la Unidad. “Hecho que lograron en el departamento del Caquetá en ese momento histórico entre 1993 y 2002″.
Estas acciones, reseñó, tuvieron unas consecuencias políticas graves para la toma del poder por vías ilícitas. “Esto no puede volver a ocurrir en este país. Los alcaldes, gobernadores, concejales, representantes a la Cámara, los diputados, no deben llegar a estas corporaciones por acuerdos entre políticos y miembros de grupos al margen de la ley. Es grave para la democracia, para el país y para cualquier lugar del mundo”.
Al excongresista se le atribuye la responsabilidad en el asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada, un gobernador, así como en el asesinato de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas. Además, se le vincula con casos de secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal, así como de desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), un concejal de Florencia (Caquetá), un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.
“Quiero destacar la importancia de la participación de las víctimas en el proceso y la investigación. Sin la participación de ellas tal vez ni hubiésemos podido entender la gravedad de lo que ocurrió en el Caquetá, ni hubiéramos podido establecer la dimensión del daño de este conglomerado de familias, sino la sociedad caqueteña en consecuencia al actuar de Luis Fernando Almario y el Bloque Sur de las Farc”, agregó.
Por estos hechos, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz pedirá la máxima pena que son 20 años de cárcel.
El 8 de octubre de 2021, la JEP rechazó el sometimiento de Almario por su ausencia de reconocimiento de responsabilidad y un insistente alegato de inocencia por los graves hechos que se le atribuyen. El expediente pasó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción.
