Lili Pink: ¿qué encontraron las autoridades en su investigación?; esto dice la Fiscalía

El caso de la extinción de dominio de Lili Pink ha generado conmoción e interrogantes en los colombianos que no tienen claro qué sucederá con los establecimientos comerciales de la reconocida marca de ropa interior.

Según reveló SEMANA, la Fiscalía General de la Nación indaga por un presunto tema de lavado de activos y contrabando, por lo que la institución sostuvo que fue necesario tomar medidas cautelares como embargo y secuestro de los bienes con el fin de poder llevar a cabo la investigación.

El ente investigador anunció a través de un comunicado que “los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.

Estas acciones se orientarían a disimular el control en las aduanas del país, simulando relaciones comerciales dificultando la trazabilidad del dinero, lo que le facilitaría a la empresa incorporar estos bienes al sistema económico de manera formal.

El director de extinción del derecho de dominio, Juan Felipe Cárdenas, explicó que “en desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos”.

¿Actos delictivos?

La Fiscalía aseguró que a través del modelo mencionado fue la manera en la que la marca habría podido lavar millones de pesos, pues la mercancía que llegaba a los establecimientos comerciales presuntamente sería producto de estas actividades ilegales que se derivaban de la venta de productos cosméticos y ropa.

De acuerdo con los investigadores del caso, y según lo que se consignó en el informe, se permitió una operación de extinción de dominio, una actividad compleja que implicó la creación de empresas fachada que eran las encargadas de asumir de manera formal la responsabilidad de las supuestas importaciones, pero en la práctica solo firmaban documentos como constancia.

El ente acusador puntualizó que hubo: “Aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”.

Además, 450 bienes y locales comerciales fueron afectados en estos operativos simultáneos en el país.