La esposa de capo colombiano enfrenta un fallo judicial en España para impedir su desalojo de una mansión multimillonaria

La Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaban de informar que recientemente fueron notificados sobre una acción de tutela interpuesta por la esposa del narcotraficante colombiano Santiago Prada Moriones, quien permanece detenido en Zaragoza (España) a la espera de su extradición a Colombia. La información fue revelada por El Tiempo.

Prada Moriones fue capturado junto a su hermano, Pablo Prada Moriones, alias ‘Black Jack’, en el marco de la denominada operación Gulupa. Según reveló el diario bogotano, ambos están vinculados a millonarias operaciones mafiosas relacionadas con el ‘clan del Golfo’.

Las investigaciones establecieron conexiones con una red de lavado de activos que operaba mediante empresas en Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, Colombia y Ecuador.

En desarrollo de ese proceso, las autoridades ordenaron la incautación y embargo de bienes avaluados en cerca de 70.000 millones de pesos. Entre las propiedades afectadas figuran dos mansiones ubicadas en Pereira, en el exclusivo sector de Malabar, cada una valorada en aproximadamente 10.000 millones de pesos.

Una de esas viviendas, localizada en Malabar Cerritos, condominio Guaduales de Malabar, casa 7, es precisamente la que ahora reclama la esposa de Prada Moriones a través de la tutela.

El inmueble figura tanto a nombre del procesado como de su cónyuge y hace parte de un proceso de extinción de dominio. En ese contexto, la SAE solicitó la entrega voluntaria del bien antes de proceder con un eventual desalojo.

En el recurso judicial, la esposa del señalado narcotraficante pide la protección urgente e integral de sus derechos fundamentales, los cuales, según argumenta, estarían “gravemente amenazados por actuaciones administrativas orientadas a la entrega material y/o desalojo de la vivienda”, donde reside junto a dos menores de edad.

Como medida provisional, solicitó que se ordenara a la SAE abstenerse de ejecutar o programar diligencias de recuperación material del inmueble. Sin embargo, el juez a cargo negó la medida cautelar solicitada.

No obstante, la acción de tutela fue admitida para su estudio y se ordenó dar traslado a la Fiscalía 35 Especializada de Extinción de Dominio, con el fin de que remita copia de la resolución mediante la cual se decretaron las medidas cautelares sobre la propiedad dentro del proceso correspondiente.

Asimismo, tanto la Fiscalía como la Sociedad de Activos Especiales fueron notificadas para que respondan a los señalamientos formulados por la esposa de Prada Moriones.

Para la Fiscalía, los bienes incautados habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas. De hecho, las autoridades continúan rastreando propiedades en el exterior, entre ellas en Miami, como parte del proceso investigativo.

En ese marco, se le ha solicitado a la esposa del procesado que demuestre el origen lícito de los recursos con los cuales fue adquirida la vivienda en Pereira.

El caso ahora queda en manos del juez constitucional, que deberá evaluar los argumentos de la accionante y las respuestas de las entidades involucradas, en medio de un proceso de extinción de dominio que avanza sobre el patrimonio atribuido a la red señalada de lavado de activos.