Investigan a la congresista Elizabeth Jay-Pang por presunto tráfico de influencias en San Andrés

Una denuncia formal fue presentada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz, para que se investigue un presunto caso de tráfico de influencias en servidor público.

La acción judicial busca determinar si la congresista utilizó su cargo para favorecer a su esposo, Norbert Vonblón Pomare, en la asignación de contratos para la construcción y entrega de viviendas destinadas a comunidades raizales en el archipiélago.

El caso tomó relevancia pública tras un pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella durante una visita a la isla. En dicho encuentro, el mandatario cuestionó directamente a la congresista sobre las actividades comerciales de su cónyuge y advirtió que no se permitiría el manejo irregular de los recursos destinados a la región.

Según el documento remitido al Alto Tribunal, los hechos se remontan a publicaciones realizadas por la representante a finales de 2025 y durante 2026, en las cuales celebraba la entrega de 115 certificados del programa de vivienda mediante gestiones articuladas. En las transmisiones oficiales de estos actos públicos se hizo mención recurrente al apellido Pomare, coincidente con el del esposo de la legisladora.

La denuncia señala que, hasta septiembre de 2026, no existía suficiente información pública ni soportes presupuestales detallados sobre los criterios de selección, puntajes y listados de los hogares beneficiarios.

Por esta razón, se solicitó a la Corte Suprema revisar el expediente completo del proyecto para establecer si existió una intermediación indebida de la congresista o de terceros vinculados a su entorno.

Asimismo, la petición judicial requiere verificar si Norbert Vonblón Pomare realizó gestiones en coordinación con la representante dentro del programa de vivienda, además de examinar su eventual participación como financiador en la campaña electoral de la congresista.

Las autoridades judiciales deberán evaluar los elementos presentados para definir la apertura de una investigación formal sobre las actuaciones de la servidora pública.

Asimismo, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a $3.000 millones en un proyecto para recuperar arrecifes coralinos afectados por una enfermedad que provoca la pérdida de tejido de coral pétreo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con la información entregada por el contralor, Jorge Laverde, la investigación, adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el archipiélago, busca establecer si se produjo un daño a los recursos públicos destinados a la recuperación de estos ecosistemas marinos.

Información de Colprensa