Inpec aún no habría recibido orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aún no ha sido notificado de la orden de detención domiciliaria en contra del condenado expresidente Álvaro Uribe.

Fuentes de ese instituto le confirmaron a Colprensa que la boleta de detención aún no ha llegado para que se haga efectiva la reseña en su contra.

La juez ordenó que fuera enviado a detención domiciliaria de manera inmediata, argumentando que es necesario privarlo de su libertad dado su gran reconocimiento a nivel internacional, por lo que resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta.

En ese sentido, abogados penalistas explicaron que Uribe sería vigilado por la cárcel de Bellavista debido a que es el más cercano a su residencia en Rionegro, municipio del departamento de Antioquía.

Precisamente, y sobre esa decisión, la defensa del condenado expresidente radicó una tutela que busca su libertad inmediata.

El argumento del abogado Jaime Granados es que se violaron los derechos fundamentales del expresidente, por lo que solicitó que se levante esa decisión hasta tanto se resuelva el recurso de apelación. Es decir, aquel que tiene que revisar el Tribunal Superior de Bogotá con el que confirmará o desestimará la condena.

“La jueza Sandra Heredia transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”, afirma el documento radicado por su defensa.

Uribe fue sentenciado a doce años tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.

Igualmente, el fallo indica que el expresidente deberá pagar una multa equivalente a 2420 salarios mínimos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días.

La condena se enmarca dentro de lo que la Fiscalía y las víctimas pidieron en su contra. Es decir, que se dosificara entre 108 meses (9 años) a 216 meses (18 años).

“Una vez realizados los cálculos correspondientes, se considera que la pena aplicable para uno de los delitos es de 108 meses y como quiera que nos encontramos frente a tres delitos de soborno en actuación penal y dos de fraude procesal, ruego que se haga el aumento de la pena hasta en otro tanto”, fue el dictamen de Heredia.

El expresidente fue declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.

Lo que concluyó la jueza Heredia es que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Euridice Cortés, alias Diana. Pero también sabía que se estaba engañando a la justicia con cartas falsas.