¿Por qué Cali tiene menos policías si tiene los más altos índices de inseguridad del país?

En 2017, en Popayán asesinaron a 62 personas, en Bucaramanga a 94 y en Tunja a 9, según los registros de Medicina Legal. En Cali, en cambio, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, asesinaron a 1241 personas. Medicina Legal asegura que fueron 1247.

En todo caso, si se suman los crímenes ocurridos tanto en Popayán como en Bucaramanga y en Tunja, apenas representan el 13% de los sucedidos en Cali. Sin embargo, cada una de estas tres ciudades, famosas por su tranquilidad, tienen, proporcionalmente, más policías respecto a su número de habitantes que la convulsionada capital del Valle.

Mientras que Popayán registra 570 agentes por cada cien mil habitantes, Bucaramanga 500 y Tunja 496, Cali, según las cuentas del general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana, tiene una tasa de 240 policías por cada 100 mil ciudadanos, muy lejos de la recomendación de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU: garantizar 300 agentes por cada cien mil personas.

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La Policía Metropolitana debe brindarle seguridad a Cali por supuesto, pero también a Yumbo, Jamundí, Candelaria, Vijes y La Cumbre; seis municipios. Para ello cuenta con 7222 policías. 6200 de ellos trabajan en Cali, pero no todos se dedican a patrullar las calles.

Un porcentaje de los agentes debe cumplir labores administrativas, así que permanece en estaciones y comandos. Además, entre un 10 y un 15 % a diario se queda fuera de servicio debido a las “novedades”: vacaciones, descansos, incapacidades, cursos de ascenso.

Los que quedan deben distribuirse en tres turnos de 8 horas, así que mañana, tarde y noche esta ciudad de 2.400.000 habitantes es custodiada, en realidad, por 760 policías, a quienes se les suman algunos hombres de otras unidades como la P olicía Judicial, el Gaula, auxiliares, Carabineros, o el Grupo de Operaciones Especiales, Goes.

Los números confirman un comentario recurrente entre los caleños: “no se ven policías”.

Para intentar conjurar la falta de agentes, en Cali se están adelantando varias estrategias. La ciudad, dice su Secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, es una de las cuatro capitales del país que cuenta con un Batallón de Policía Militar con capacidad de patrullar las diferentes comunas. Las otras son Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Policía Militar se dedica a los cuarteles. Son los policías del Ejército. Los que custodian los prisioneros de guerra o intervienen cuando, por decir algo, un soldado se emborrachó y le pegó a otro. “Mantenemos la disciplina, la ley y el orden en las unidades militares”, dice el teniente coronel Ómar Arciniegas Pinilla, comandante del Batallón de Policía Militar Número 3.

En Cali, al tener un Batallón de 900 hombres, estos se dedican a otros menesteres. Uno de ellos es apoyar a la policía para garantizar la seguridad ciudadana. En total 350 militares vigilan las comunas con las cifras más altas de homicidios, atracos y consumo de drogas, con lo que se intenta reducir los indicadores de violencia.

Las estadísticas de los sectores que requieren más presencia militar las proporciona el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, que ha identificado a las comunas 13, 14, 15, 21, en el Oriente, la Comuna 20 en la ladera y la 18, al igual que la 6, barrios como Petecuy, como las zonas con más problemas de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios.

“Cada semana hay un consejo de seguridad presidido por el Alcalde Armitage (no lo delega) el general Gasas, el comandante de la Policía Militar, el Jefe de Fiscalías, el director del CTI, Medicina Legal, Fuerza Área, Inpec, y entre todos analizamos las cifras de lo que está pasando. Si vemos que se está complicando una comuna en particular o una serie de barrios, programamos intervenciones en estos sectores”, dice el Secretario de Seguridad Andrés Villamizar.

Como las estadísticas de homicidios se elevan los sábados y los domingos, en estos días se incrementan los controles en las comunas más “calientes”: retenes, operaciones de registro, solicitud de documentación y antecedentes. Sin embargo, en Cali ya está comprobado que en las zonas donde se aumenta la presencia militar y de policía bajan los homicidios y los atracos, pero la violencia se traslada enseguida a otro sector no intervenido.

De ahí la importancia de lo que se anunció esta semana: el aumento del pie de fuerza en unos 1350 uniformados, entre policías (1000) y militares.

Aún no hay claridad de cuándo exactamente llegarán a Cali los nuevos patrulleros, con los que se pretende ampliar la presencia de las autoridades en los lugares y horarios donde más se comenten crímenes en una ciudad en la que cada año asesinan a más de 1000 personas, doblando en homicidios a Medellín y superando a Bogotá.

En la Alcaldía esperan que todo se concrete antes de diciembre. Una de las propuestas es que esos 1000 nuevos policías lleguen tras una redistribución de los agentes en Colombia, una vez se revisen aquellas ciudades del país que tienen una tasa de policías por cada cien mil habitantes por encima del promedio nacional, y cuyas condiciones de seguridad no son críticas. Como Tunja, como Pasto, como Popayán, como Bucaramanga.

Una fuente que pidió no ser citada sospecha que la explicación para que estas ciudades con menos complejidades en asuntos de seguridad que Cali, pero con más policías, “es que pareciera que en la Dirección Nacional de la institución no hay un criterio claro para distribuir a los policías, sino más bien que todo funciona como una especie de inercia histórica. Ni siquiera es falta de lobby, porque ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, son las que tienen más posibilidades de hacerlo y sin embargo son las que menos policías tienen”.

Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, exsecretario de seguridad de Bogotá, asegura al respecto que Cali debe solicitar esa distribución equitativa de policías no solo de acuerdo a su población, sino también a la magnitud de sus problemas. El crimen de Cali – como el de Medellín – es mucho más estructurado, pues desde los años 80 está ligado al narcotráfico “y estas estructuras, más que desaparecer, se han profesionalizado”.

Precisamente, una de las solicitudes de la Secretaría de Seguridad de Cali es que entre los nuevos 1000 policías también se integren investigadores de experticia en labores de inteligencia para desarticular las bandas dedicadas al hurto de casas, celulares, vehículos, y las múltiples ‘oficinas’ de sicariato.

Pero además de la redistribución equitativa de los policías, se han planteado otras alternativas para ampliar el pie de fuerza de Cali e intentar acercarse a la tasa de 300 agentes por cada cien mil habitantes recomendada por la ONU.

El Secretario de Seguridad Andrés Villamizar ha propuesto que los policías que se dedican a labores administrativas, secretariales, sean reemplazados por civiles. De esta manera los patrulleros que hoy permanecen tras un escritorio, pueden salir a la calle.

“Como ninguna Alcaldía puede pagar más pie de fuerza, no hay mecanismo legal para hacerlo, sí se podrían pagar civiles para que trabajen en la Policía en áreas administrativas. Las cámaras de vigilancia de Cali, de hecho, las están monitoreando policías retirados que tienen alguna discapacidad, y son pagados por la Alcaldía”.

Sin embargo, el general Hugo Casas, Comandante de la Policía Metropolitana, advierte que una buena parte del personal administrativo “no es apto para patrullar. Son policías que han sufrido algunas enfermedades y tienen restricción médica, por lo que los capacitamos para que realicen esas labores administrativas”.

Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, ha venido planteando, entonces, otra alternativa para aumentar el pie de fuerza incluso a nivel nacional: tras la firma del Acuerdo de Paz y la profesionalización de los soldados, en el Ejército habrán unidades militares que deberán salir “porque ya no son necesarias”.

La propuesta de Acero es capacitar a casi 30 mil de estos soldados que no tendrían lugar en las Fuerzas Armadas, “convertirlos en policías”, un proceso que puede tardar un año, distribuirlos en zonas rurales para que brinden seguridad, y los policías que actualmente prestan este servicio, trasladarlos a las ciudades.

“Ahí tendríamos una solución a un problema que no es tan fácil de resolver. En el tema del pie de fuerza hay complejidades nacionales. No hay suficiente plata pare crecer el número de policías. Actualmente hay 180 mil. La meta del gobierno es llegar a 50 mil policías más. Pero no hay recursos. Con otra dificultad: el Consejo de Estado reconoció que los policías y patrulleros que ingresaron antes de 2004, pueden pensionarse con 20 años de servicio, lo que quiere decir que van a salir más rápido. Se trata de 40 mil policías cobijados con esta decisión. Si estos 40 mil agentes decidieran acogerse a lo que dice el Consejo de Estado, de la noche a la mañana, entre uno y dos años, vamos a quedar con 40 mil policías menos”, comenta Acero.

Sin embargo, pensar en capacitar a 30 mil soldados como policías no es una decisión fácil, por lo menos de momento, cuando el país enfrenta un posible escenario que aunque lejano, no debe descartarse: un conflicto con Venezuela.

La Fuerza Área incluso ha solicitado la compra de un equipo anti misiles debido a que el país no tendría cómo defenderse de un ataque de esas características.

Entonces, continúa el experto en seguridad ciudadana, “un país como Colombia, que tiene un problema de déficit económico, decidir poner la plata en materia de seguridad en aumento de pie de fuerza de la policía es muy complicado en el contexto actual, pero hay que buscar alternativas para lograrlo”.

En ciudades como Cali asuntos como el de la seguridad no dan espera. Hasta este jueves 27 de septiembre, el Observatorio de la Alcaldía había registrado 868 asesinatos.

Según las cifras del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, hasta el pasado jueves 27 de septiembre en la ciudad se habían cometido 868 homicidios.

Se trata de una disminución del 3% comparando los datos del año anterior, cuando en la misma fecha iban 895 asesinatos, 27 más que en este 2018.

Se espera que con la llegada de los nuevos policías y militareslos resultados de las intervenciones sean de mayor impacto.