Exfuncionarios del Buen Pastor destituidos: el precio por la controvertida fuga de Aida Merlano

Diana Cecilia Muñoz Miguez, entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos por la fuga de Aída Merlano el 1 de octubre de 2019.

La Procuraduría comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para que Merlano pudiera salir del centro de reclusión para realizarse un procedimiento estético dental en el Centro Médico de La Sabana en Bogotá, de donde finalmente escapó en una cinematográfica fuga.

Merlano no tenía autorización del Inpec para salir de la cárcel y además no se le asignó la seguridad requerida para evitar su fuga.

También fueron destituidos e inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos David Alexander Álvarez Cárdenas, excomandante de custodia, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias; y Katherine Lozano Forero, entonces subdirectora, quien aprobó el traslado de Merlano al consultorio médico en fechas anteriores.

El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón fue suspendido por tres meses por permitir que Merlano se encontrara con sus hijos durante la cita médica.

Acusan a Julio Gerlein Echavarría de ofrecer dinero para silenciar a Aida Merlano mientras estaba en prisión

La Fiscalía General de la Nación oficializó el llamado a juicio contra el empresario Julio Gerlein Echavarría y los litigantes Diego Luis Muñetón Restrepo y Teodoro Antonio De Yongh Salcedo, acusados formalmente de los delitos de soborno en la actuación penal y falso testimonio por presuntamente orquestar una estrategia ilícita para comprar el silencio de la excongresista Aida Merlano Rebolledo y evitar que testificara ante la Corte Suprema de Justicia.

El documento de 17 páginas radicado por el ente investigador y revelado por Caracol Radio identificó a Julio Gerlein y Diego Muñetón en calidad de determinadores y a Teodoro De Yongh como autor material de las conductas punibles. El escrito detalló que Gerlein contactó al centro de reclusión El Buen Pastor el 29 de septiembre de 2019, a través de la reclusa y exfiscal Tatiana Oliveros, para coordinar el ingreso de los abogados que llevarían la oferta económica.

La acusación estableció que el abogado Teodoro Antonio De Yongh visitó a Merlano siguiendo las instrucciones de Gerlein y presuntamente le ofreció una suma oscilante entre los 3.000 y 3.500 millones de pesos. El objetivo de dicho monto, según la Fiscalía, era garantizar que la excongresista se abstuviera de entregar información comprometedora o rendir declaración ante el alto tribunal.

Por su parte, el abogado Diego Luis Muñetón enfrentó cargos por falso testimonio y soborno, al señalarse que visitó a la procesada dos días antes de su diligencia judicial. La investigación concluyó que su misión fue asegurar que Merlano no mencionara “absolutamente nada” relacionado con Alejandro y Arturo Char; durante el encuentro, el jurista aludió a la entrega previa de 500 millones de pesos destinados supuestamente a gastos legales y médicos del hijo menor de la excongresista como mecanismo de presión.

Aunque el formato escrito de acusación relacionó inicialmente a Aida Merlano Rebolledo y a su abogado Miguel Ángel Del Río Malo en la casilla de víctimas, la Juez 25 Penal de Conocimiento de Bogotá negó dicha acreditación. La funcionaria judicial determinó que no existió prueba sumaria que demostrara un daño efectivo sobre la excongresista ni argumentos suficientes para otorgarle tal condición dentro del proceso penal.

Frente a los cargos, el abogado Jaime Lombana, representante de los intereses de Julio Gerlein, rechazó los señalamientos en audiencia pública y denunció que el empresario ha sido objeto de una sistemática extorsión en el marco de este caso.