¿En qué va la investigación por la masacre de Llano Verde?

Luego de una reunión ayer entre las autoridades locales y el Viceministro de Defensa, se analizó el avance de las investigaciones por la masacre de cinco menores en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, y se definió cómo seguirán operando los grupos especiales que se destinaron para la ciudad, entre los que hay Policía, Ejército y Armada.

Jairo García, viceministro de Defensa, dijo que “lo que se busca con la presencia de diferentes organismos del Estado en Llano Verde es garantizar las condiciones de seguridad en el sector y respaldar el trabajo investigativo de la Fiscalía, en el esclarecimiento de los hechos del pasado 11 de agosto”, cuando cinco menores de edad fueron asesinados.

A su vez, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, confirmó que “150 efectivos hacen parte de todo este respaldo a la comunidad de Llano Verde; decisión que se tomó en el marco del consejo de seguridad permanente establecido por el Gobierno Distrital”.

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“Este número de personas están distribuidas entre miembros del Ejército y la Policía, además de fiscales especializados e investigadores de la Policía Judicial, que han llegado desde Bogotá exclusivamente a atender la investigación, articulada en un trabajo interinstitucional”, señaló el funcionario.

Asimismo, la Armada Nacional apoyará con unidades fluviales para evitar actividades ilícitas y criminales en el río Cauca y la dirección de Carabineros instalará la operación de un puesto de control en el Jarillón, esto se llevará a cabo con recursos de la Gobernación del Valle.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo un nuevo llamado ayer para que los responsables de la masacre de cinco menores en el barrio Llano Verde, oriente de la ciudad, se entreguen a la justicia.

Paralelamente, la Alcaldía de Cali desplegó un equipo de acompañamiento social y sicológico al barrio, llevando una oferta de servicios para fortalecer el tejido social del sector.

Rojas recalcó que se mantiene vigente la recompensa de $200 millones para quien brinde información precisa que apunte al esclarecimiento de los hechos en el menor tiempo posible.

Por su parte, el general Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, y encargado por el Gobierno de liderar el caso, dijo que “hay avances significativos en términos técnicos. Se están haciendo unos peritajes científicos en el lugar de los hechos, con otros elementos encontrados, que pueden dar luces a las teorías del caso que se han construido”.

“Se ha ampliado en todo el espectro la investigación: en las redes, en la parte tecnocientífica, en laboratorio biológico, topográficamente y en las entrevistas con personas que nos están dando información”, expuso.
Asimismo, Vargas, afirmó que hasta el momento no tiene indicios de que miembros de la Institución puedan estar involucrados en la masacre.
“En esa revisión que estamos haciendo encontramos el procedimiento de la Policía ajustado a la ley”, dijo.

Según el General, “las entrevistas de los oficiales de Policía con las personas que denunciaron los hechos conocidos están dando claridad sobre esa actuación”.

Por ahora, no habría elementos, ni indicios que permitan a las autoridades relacionar a miembros de la Institución con la investigación del caso.

Hasta el momento, acotó Vargas, no tienen como afirmar que la Policía actuó de manera diferente al esclarecimiento de los hechos.