Corte Suprema niega tutela como último recurso de Santiago Uribe para anular su condena; hermano de Álvaro Uribe seguirá preso

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por la defensa del ganadero Santiago Uribe Vélez, con la que buscaba que se reabriera el trámite de casación contra la condena a 340 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

De acuerdo con la acción presentada por los abogados de Uribe Vélez, dentro del proceso se habrían vulnerado sus “derechos fundamentales al debido proceso, libertad, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia”.

La defensa liderada por el abogado Jaime Granados cuestionó que la Sala de Casación Penal hubiera rechazado el recurso de casación que presentó contra la decisión que confirmó la condena y pidió que se le permitiera continuar con ese trámite.

En concreto, la defensa sostuvo que el rechazo había cerrado anticipadamente la posibilidad de presentar la demanda de casación y solicitó que se “restablezca la oportunidad procesal correspondiente al recurso extraordinario de casación oportunamente interpuesto”.

Sin embargo, el alto tribunal llegó a la conclusión de que la decisión de la Sala Penal no vulneró los derechos de Uribe Vélez y que la tutela no podía utilizarse para abrir una nueva posibilidad de revisar una decisión que ya había sido estudiada por el máximo tribunal de la jurisdicción penal.

La Sala de la Corte también respondió al argumento según el cual la decisión de la Sala Penal habría sido arbitraria, y concluyó que no encontró una actuación “caprichosa” o contraria a la ley que justificara la intervención del juez constitucional, y agregó que “lo que no resulta admisible es transformar la tutela en fuente de un recurso extraordinario no previsto por el ordenamiento”.

El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue condenado en segunda instancia el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia al declararlo responsable de todos los delitos por los que fue procesado, luego de que en primera instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo absolviera por falta de pruebas.

El Tribunal le impuso una pena de 340 meses de prisión, equivalente a 28 años y cuatro meses, además de una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Contra esa condena, la defensa presentó una impugnación especial, mecanismo que permitió que la decisión del Tribunal fuera revisada por la Sala de Casación Penal. Sin embargo, el 3 de junio de 2026, esa Sala confirmó integralmente la condena, ya que el proceso estaba a punto de prescribir.

*Con información de Colprensa y redacción de El País