Corte Constitucional descubre sobrecupos mayores al 100% en cárceles del país

Personas privadas de la libertad llevan hasta cinco años recluidas en celdas concebidas para detenciones de 36 horas, duermen en hamacas improvisadas en lo que antes fue un parqueadero, almacenan agua en recipientes plásticos por falta de suministro continuo y se reparten patios diseñados para 15 internos que hoy concentran más de 50, según constató la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional en una ruta de inspecciones judiciales practicadas en cárceles, estaciones de policía y centros de detención transitoria de los departamentos de La Guajira, Santander y Cesar.

La ruta, ordenada por la Sala que vigila el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte sobre el sistema penitenciario y carcelario del país, continuará el 25 de mayo en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, y el 27 de mayo en El Barne y Cómbita, en Boyacá. Las diligencias son dirigidas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial; Paola Andrea Meneses Mosquera, actual presidenta de la Corte Constitucional, y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.

El cuadro más crítico se registró en el centro de detención transitoria “La Permanente” de Valledupar, un inmueble administrado por el municipio y custodiado por la Policía Nacional, donde permanecían 349 personas privadas de la libertad en un espacio con capacidad aproximada para 70, una sobreocupación superior al 500 %.

De ellas, 328 contaban con boleta de traslado a establecimiento penitenciario y varias permanecían recluidas allí desde 2023 y 2024, pese a tratarse de un espacio de carácter transitorio. La Sala encontró adultos mayores entre los internos, zonas improvisadas para descanso, deterioro de cubiertas, deficiencias de ventilación y un número insuficiente de sanitarios y duchas.

En el plano sanitario, la Corte verificó que el establecimiento no cuenta con personal médico permanente y que la Nueva EPS no entregaba medicamentos desde el 20 de diciembre de 2025, situación que, según lo reportado, afectó la continuidad de tratamientos médicos de la población reclusa.

A ello se sumó que durante 2025 se habrían perdido más de 1000 audiencias por falta de acompañamiento de defensores públicos y por problemas técnicos de conexión.

En La Guajira, la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha albergaba 366 personas privadas de la libertad en un establecimiento con capacidad para unos 100 cupos, una sobrepoblación cercana al 266 %. Los magistrados encontraron internos durmiendo en colchonetas y hamacas improvisadas, limitaciones de ventilación, humedad, presencia de hongos e instalaciones eléctricas expuestas.

Por su parte, en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga permanecían 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada— en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 personas. La totalidad de la población superaba el límite de 36 horas, con casos de permanencia de hasta dos años.