Judicial
Congresista Miguel Polo Polo, con cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia; ¿de qué lo acusan?
En uno de los casos, la Sala del alto tribunal rechazó una solicitud de nulidad que presentó la defensa del representante a la Cámara.
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8 de oct de 2025, 10:09 p. m.
Actualizado el 8 de oct de 2025, 10:09 p. m.
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme esta semana el juicio contra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado, un proceso que se suma a un voluminoso expediente en su contra que incluye otras cuatro investigaciones por delitos como discriminación, injuria y calumnia, y que lo convierten en uno de los congresistas con más indagaciones en el alto tribunal.
El caso que lo llevará a juicio se originó en dos publicaciones que el congresista realizó en la red social X el 14 de noviembre de 2023, en las que difundió videos mostrando la quema de una bandera del Movimiento 19 de Abril (M-19) y de una efigie con el rostro del presidente de la República, Gustavo Petro, acompañadas de la frase “¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”.
En su decisión, la Sala rechazó una solicitud de nulidad que presentó la defensa del congresista, al considerar que no se vulneraron sus garantías procesales, y decretó la práctica de varios testimonios, entre los que destacan los del presidente, Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro, quienes declararán como testigos.

Aunque la defensa de Polo Polo apeló la decisión, el proceso penal para determinar si sus publicaciones constituyeron actos de hostigamiento agravado sigue su curso.
A principios de este mes, el primero de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le abrió otra investigación formal a Polo Polo, esta vez por la presunta comisión del delito de discriminación. El alto tribunal lo citó a indagatoria tras una denuncia presentada por las Madres de Soacha y el senador Iván Cepeda.
El hecho que motivó la queja ocurrió cuando el representante arrojó a la basura unas botas que hacían parte de un homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.
Los denunciantes consideraron el acto como una “afrenta revictimizante” que buscaba estigmatizar a las víctimas y a sus familiares, promover el negacionismo y afectar su dignidad y derecho a la memoria.
⚖️ ¡EN COLOMBIA el que DICE LA VERDAD va a JUICIO, y el que SIEMBRA ODIO GOBIERNA! 💣🇨🇴 Por DOS simples TRINOS la CORTE SUPREMA me JUZGA, pero PETRO —el verdadero HOSTIGADOR— sigue LIBRE. 🚨🔥 pic.twitter.com/kyw8OrhW7v
— MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) October 7, 2025
El representante enfrenta además dos investigaciones distintas por los delitos de injuria y calumnia, derivadas de sus publicaciones en redes sociales. Una de las más recientes se abrió por señalamientos contra Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En un mensaje, Polo Polo calificó a Harman de “bandido”, criticó su gestión cuando fue alcalde de Villavicencio y lo señaló de supuestos delitos de acoso sexual, además de afirmar que tenía varias investigaciones activas en la Procuraduría.
Otro proceso por injuria agravada ya lo tiene formalmente acusado y ad portas de un juicio. En este caso, la víctima es el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. El congresista lo acusó de ser responsable del suicidio de dos jóvenes y de haber financiado al grupo conocido como la “primera línea” durante las protestas sociales. Tras fracasar una audiencia de conciliación, la Corte decidió llamarlo a juicio.

Sumado al proceso por hostigamiento, la Corte Suprema acusó formalmente a Miguel Polo Polo por incitación a la violencia, tras una denuncia interpuesta por el concejal de Bogotá José Cuesta. La investigación se centra en mensajes donde el congresista comparó a los miembros de las extintas guerrillas del M-19 y las Farc, y del activo ELN, con Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, un conocido sicario de Pablo Escobar, afirmando que todos eran “igual de criminales y despiadados”. Para el denunciante, estas declaraciones exceden los límites de la libertad de expresión y configuran una clara instigación a la violencia política.
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