Cayó red criminal que cobraba hasta mil millones de pesos por manipular procesos judiciales

Una investigación dejó al descubierto una red integrada por funcionarios activos, exservidores públicos y particulares que exigía entre 400 y 1000 millones de pesos para direccionar procesos judiciales por lavado de activos, frenar órdenes de captura y evitar medidas de extinción de dominio.

El proceso judicial adelantado por la Fiscalía General de la Nación condujo a la captura de nueve presuntos integrantes en operativos realizados en cuatro departamentos del país.

El ente acusador explicó que las actividades investigativas fueron orientadas por un Grupo de Tareas Especiales, creado tras detectar indicios de corrupción interna, y permitieron establecer la existencia de un entramado que operó durante varios años, con hechos documentados en 2014, 2015, 2024 y 2025, relacionados con el uso indebido de información reservada y el abuso de funciones de policía judicial.

Entre los capturados figuran cuatro integrantes de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, así como dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.

También fueron detenidos tres exfuncionarios de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres, quienes, según la investigación, continuaron participando en las exigencias económicas pese a no estar vinculados de manera activa a las instituciones.

De acuerdo con la Fiscalía, los señalados “aprovecharon los cargos que desempeñaron” para exigir grandes sumas de dinero a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a miembros de su familia, con el fin de impedir medidas cautelares sobre sus bienes, frenar órdenes de captura y ejercer influencia indebida en actuaciones judiciales que avanzaban en su contra.

El ente acusador detalló que algunos de los implicados sostuvieron reuniones presenciales con los afectados en Bogotá y Villavicencio, donde exhibieron información reservada sobre diligencias y procedimientos judiciales, una práctica que, para los investigadores, fue utilizada como mecanismo de presión para intensificar los cobros ilícitos.

La Fiscalía también estableció que varios de los involucrados eliminaron evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones, y que constriñeron testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares del hombre condenado en Estados Unidos, como represalia por la negativa a pagar las sumas exigidas.

En el curso de las indagaciones, los investigadores documentaron además presuntas intimidaciones contra uno de los funcionarios líderes del caso, a quien habrían presionado para obtener acceso a detalles de los procesos que buscaban manipular.

Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, según su presunta participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.