Caso UNGRD escala a la esfera internacional; denuncia ante la CIDH por presuntas presiones políticas

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y su defensa han elevado ante la CIDH una queja que, según su abogado, busca proteger la integridad física y la garantía de un debido proceso frente a lo que describen como “interferencias” provenientes del entorno político del expresidente Gustavo Petro.

La presentación, inusual por su destinatario internacional en un conflicto que se ha desarrollado en la esfera penal y mediática nacional, se enmarca en una estrategia de protección y visibilización de las presuntas presiones y amenazas que, según la defensa, han acompañado las declaraciones y la colaboración de López con la Fiscalía.

La defensa, encabezada por el abogado José Moreno Caballero, sostiene que su cliente ha entregado pruebas y ha declarado contra funcionarios y dirigentes que, presuntamente, se habrían beneficiado del desvío de contratos millonarios.

Esa colaboración, afirman, desencadenó una serie de reacciones que van desde campañas de desprestigio en medios y redes sociales hasta amenazas directas contra la familia del exfuncionario.

Entre los hechos denunciados ante la Fiscalía y ahora ante la CIDH figuran intentos de soborno, intimidaciones y amenazas atribuidas a actores que la defensa prefiere no identificar públicamente por razones de seguridad.

El recurso ante la CIDH busca, en términos prácticos, dos objetivos: primero, obtener medidas cautelares o pronunciamientos que garanticen la protección de la vida y la integridad de López y su núcleo familiar; segundo, denunciar lo que la defensa califica como interferencias institucionales y políticas que habrían afectado la independencia de las investigaciones y la seguridad del testigo.

Asimismo, el abogado Moreno Caballero comparó la magnitud del riesgo con la exposición de enfrentarse a figuras de enorme poder, y advirtió que las declaraciones de López lo han puesto en una situación de vulnerabilidad extrema.

Cabe recordar que, Olmedo López permanece privado de la libertad desde septiembre de 2024 y aceptó responsabilidad en delitos como concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, además de contar con un principio de oportunidad por otros delitos relacionados con la contratación pública.

Dentro de ese acuerdo lo convirtió en testigo de cargo en la mayoría de los procesos que investiga la Fiscalía por el escándalo de la UNGRD, lo que, según su defensa, lo expone a represalias por parte de quienes se sienten implicados. La defensa anunció además que en los próximos meses presentarán ante la Fiscalía una denuncia por un supuesto ataque cibernético dirigido a borrar información y evidencia entregada por López.

Dentro de ese contexto, la denuncia ante la CIDH se suma a una disputa pública entre el exdirector y altos funcionarios que fueron mencionados en sus declaraciones, incluidos exministros y exdirectores de entidades, y ha reavivado el debate sobre la protección de testigos en casos de corrupción de alto perfil.