Caso María Camila Potosí: ¿Qué están haciendo Cali y el Valle para prevenir la violencia contra las mujeres?

“Como madre, a la sociedad la llamaría a que, por favor, esto no vuelva a pasar, que estemos todos unidos de corazón”, pidió Alba Rubí Gómez, mamá de María Camila Potosí, quien expresó que espera que el caso de su hija sea el último.

Con esa frase la mujer resumió el dolor que desde hace varias semanas acompaña a su familia, que pasó de la incertidumbre a la tragedia.

De 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció la tarde del pasado 16 de julio en el barrio Meléndez, en Cali, y fue hallada sin vida días después, en una zona boscosa del sur de la ciudad.

Desde ese momento, otra incertidumbre se sumó al dolor de sus seres queridos: el paradero de la bebé que esperaba.

Cuando se le informó a doña Alba que el cuerpo de su hija ya no tenía a la bebé en el vientre, el dolor dio paso a la esperanza que acompañó a la familia durante varios días.

Sin embargo, esa ilusión se desvaneció el pasado jueves, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de una recién nacida en una zona boscosa cercana al lugar donde hallaron a María Camila. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal para confirmar que se trataba de Alahia.

Ese mismo día se anunció que un operativo conjunto entre la Policía Nacional, Fiscalía y CTI permitió la captura en Cali y el municipio de Andalucía de cinco personas señaladas de participar en este delito.

De acuerdo con el director general de la Policía, general William Rincón, el avance de las indagaciones fue posible gracias a la información que suministraron ciudadanos, lo que permitió ubicar el paradero de varios de los presuntos responsables.

De acuerdo con la investigación, alias Yulieth, quien fue vista por última vez con la joven madre, habría coordinado el plan criminal junto con alias Kevin y alias Nixon, este último presunto integrante del grupo delincuencial Los Santa.

También fueron detenidos alias Edwin y alias Juan José, quienes habrían participado en el ocultamiento de evidencias y en la disposición del cuerpo de la víctima.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de desaparición forzada, secuestro, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

El general Rincón afirmó que el delito también se pudo esclarecer gracias al trabajo articulado entre investigadores, labores de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad, pruebas técnico-científicas.

El oficial confirmó igualmente que algunos de los capturados estaban realizando trámites para salir del país antes de ser ubicados por las autoridades.

Aunque esas detenciones representan un avance importante en la investigación judicial, el crimen de María Camila y su hija no es un hecho aislado.

Más feminicidios

En el primer semestre de 2026, Cali también registró los asesinatos de Marcela Gómez, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 25 de mayo dentro de un costal frente a la estación La Rivera del MÍO, luego de varios días de desaparición, y de Jennifer Estrella Guevara, quien fue hallada el 28 de mayo con múltiples heridas de arma blanca en un lote baldío del barrio El Lido.

Casos como estos abrieron un debate que va más allá de las investigaciones penales: ¿qué se está haciendo para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia en la capital del Valle?

La pregunta llegó hasta el Concejo de Cali, donde, tras el homicidio de María Camila, los cabildantes pidieron medidas para fortalecer la atención a las víctimas, ampliar la presencia institucional en los territorios y mejorar la coordinación entre las entidades.

Si bien Cali y el Valle tienen programas, mecanismos de acompañamiento y equipos especializados en intervenir antes de que la agresión escale al feminicidio, este asesinato reabrió el debate sobre la capacidad real de esas estrategias.

Entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026 fueron asesinadas 50 mujeres en la capital vallecaucana, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad de la ciudad.

En el departamento, sin contar Cali, el Observatorio de Prevención y Control de la Violencia del Valle del Cauca detalló que entre el 1 de enero y el 18 de julio de este año hubo 57 víctimas de homicidio.

La cronología del delito

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el director de la Policía Nacional, el crimen comenzó el jueves 16 de julio, el mismo día en que María Camila Potosí fue reportada como desaparecida.

Según explicó el oficial, alias Nixon habría coordinado el secuestro de la joven, mientras alias Yulieth la transportó hasta el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali.

En ese lugar, de acuerdo con la investigación, la víctima se encontró con alias Kevin y alias Edwin, presuntos participantes en el homicidio.

El cuerpo habría sido abandonado inicialmente en una zona boscosa y permaneció allí durante varios días, pero, según informó el general Rincón, el 20 de julio alias Juan José habría transportado el cuerpo hasta inmediaciones del río Meléndez, donde finalmente fue encontrado por las autoridades.

“Se logró reconstruir paso a paso la actuación de los responsables e identificar el inmueble donde ocurrieron los hechos”, aseguró el oficial en una rueda de prensa en Cali.

Prevenir antes de denunciar

Una de las principales apuestas en la capital vallecaucana está en detectar el riesgo antes de que los hechos escalen a delitos.

La secretaria de Bienestar Social de Cali, Nigeria Rentería, señaló que el equipo de Casa Matria valora cada situación y activa las medidas necesarias.

Sin embargo, una de las propuestas de la concejal Alexandra Hernández es llevar estas herramientas a los barrios y otros espacios de la ciudad, para que la prevención no dependa solamente de que la víctima se acerque a pedir ayuda.

Rentería coincidió con esta necesidad y aseguró que la Secretaría está preparando acciones de intervención para las diferentes comunas y los corregimientos, aprovechando la presencia de los Centros de Atención Local Integrada (CALI).

“No vamos a esperar a que nos sigan llegando las denuncias o alertas a Casa Matria, sino llegar a divulgar cuáles son las opciones y las rutas”, sostuvo la funcionaria.

El crimen de María Camila abrió una reflexión, puesto que las alertas no necesariamente aparecen en los lugares diseñados para atender las violencias de género.

Rentería añadió que la joven no había acudido a las entidades de la red por situaciones de agresión, pero sí hacía parte de un programa de la Alcaldía de Cali para madres gestantes, donde estaba recibiendo apoyo psicosocial y clínico.

Para la Secretaria, este delito evidenció que la anticipación no debe recaer solamente en Casa Matria, sino que toda la oferta institucional debe tener capacidad para identificar señales de alerta y activar mecanismos de protección.

¿Qué pasa cuando una mujer ya está en riesgo?

Cuando una mujer ya se está enfrentando a una situación de peligro, la respuesta institucional pasa de la prevención a la protección.

En Cali, la Secretaría de Seguridad cuenta con un Equipo de Acción de Emergencia (EAE) para atender casos de amenaza inminente de feminicidio.

Según esta dependencia, 114 mujeres han sido atendidas por esta razón durante 2026.

El acompañamiento puede activarse desde centros de salud, comisarías de familia u hospitales y las medidas de protección se coordinan con el Instituto de Bienestar Social, la Policía, la Fiscalía y el sector salud.

Pero la propia Secretaría de Seguridad reconoció que aún existen desafíos: “Tenemos que fortalecer el talento humano, mejorar la articulación institucional y reducir los tiempos de respuesta para atender de manera más oportuna a las mujeres que están en riesgo”.

La Patrulla Púrpura de la Policía local complementa el modelo de asistencia.

La mayor Sandra Orejuela, responsable de la Estrategia de Atención a Mujer, Familia y Género de la Policía de Cali, explicó que su equipo acompaña a quienes activan una ruta y hace seguimiento a las alertas.

En lo corrido de este año, la Policía de Cali reportó 455 casos en los que se inició un proceso de acompañamiento y más de 800 asesorías. Sin embargo, Orejuela indicó que muchas no continúan el proceso: “Hay mujeres que después no quieren denunciar o no nos permiten hacer el seguimiento”.

Ese punto coincidió con una de las preocupaciones de la concejal Hernández, quien le expresó a El País que el reto no termina cuando se recibe la denuncia: “No solamente usted tiene que poner una denuncia, sino hacer el seguimiento y que la denuncia llegue hasta la detención de la persona”.

Sobre este cuestionamiento, Orejuela sostuvo que la Patrulla Púrpura acompaña los casos e informa a las comisarías de familia cuando las condiciones de peligro se modifican.

“Realizamos informes a la comisaría cuando de pronto la víctima nuevamente vuelve con el agresor, para informar que el riesgo cambia”, dijo la responsable de la estrategia.

El reto es llegar a tiempo

En el Valle del Cauca, la prevención tiene como objetivo acercar las rutas de acompañamiento a los territorios.

La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento, Yurani Andrea Ordóñez, explicó que se desarrollan acciones como Territorios Seguros, las Casas de Mujeres Empoderadas, los Consultorios Rosa y el trabajo de Gestores de Convivencia en los 42 municipios.

Según la funcionaria, el propósito es que las mujeres accedan a orientación antes de que se presente una emergencia.

Además, destacó que el trabajo con otras entidades busca facilitar el acceso a los servicios disponibles en cada zona.

De la misma manera, la teniente Natalia Varela, jefe de la Patrulla Púrpura del Departamento de Policía Valle, señaló que “en lo corrido del 2026 la estrategia ha permitido brindar atención a más de 700 personas víctimas de violencias basadas en género”.

Asimismo, la institución activó rutas con la Fiscalía y las comisarías de familia, lo que permitió que se adoptaran 329 medidas de protección para mujeres en peligro.

Varela agregó que la labor de la Patrulla Púrpura no se limita únicamente a atender inicialmente los casos, sino que incluye la orientación a las víctimas y la articulación con las instituciones competentes para ejecutar los planes de cuidado que correspondan.

Ordóñez también reportó que durante esta vigencia se han acompañado 36 casos de especial complejidad y se han establecido mesas interinstitucionales con Policía, Bienestar Familiar, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.

A pesar de ello, la funcionaria reconoció que todavía hay limitaciones para ampliar la cobertura: “Fortalecer el talento humano especializado, ampliar el presupuesto y consolidar capacidades locales continúa siendo prioritario”.

El crimen de María Camila Potosí y de su hija Alahia dejó evidencia de que, a pesar de que existen programas y equipos especializados, persisten desafíos para identificar a tiempo a las mujeres en riesgo y atenderlas oportunamente.

Las capturas de los presuntos responsables representan un avance en la investigación judicial, pero el caso puso de nuevo sobre la mesa la discusión de si las entidades están contribuyendo a evitar que la violencia de género termine en tragedia.

Señales de peligro

Intimidaciones, agresiones físicas o sexuales, control, aislamiento, acoso, persecución y amenazas de muerte son señales de alerta, según se informó desde la Patrulla Púrpura. También preocupa que las agresiones aumenten o que el agresor incumpla medidas de protección.

Ante una emergencia, las mujeres en peligro o víctimas pueden comunicarse al 123; para orientación sobre violencias contra las mujeres, al 155, y para denunciar, al 122, de la Fiscalía. En Cali también están las Comisarías de Familia y Casa Matria, donde se brinda orientación y se activan rutas de atención.