Cárcel para agresores de agentes de tránsito en Cali; las penas alcanzan los ocho años

La violencia contra los agentes de tránsito es uno de los temas que mantiene en alerta a las autoridades en Cali, puesto que, en muchos casos, ciudadanos molestos con los operativos de control agreden verbal y físicamente a estos servidores públicos.

El caso más reciente que se dio a conocer por medio de las redes sociales ocurrió este miércoles en inmediaciones de Comfandi El Prado, donde un hombre que circulaba en una motocicleta atacó físicamente a un guarda, el cual terminó tendido en el suelo mientras otros conductores se detenían a observar la escena y tratar de controlar la situación.

Luego de los hechos, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, rechazó la violencia y le recordó a los caleños que arremeter contra un funcionario público está penado por la ley y puede, incluso, llevar a los infractores a la cárcel.

“Estamos coordinando con nuestra Secretaría de Movilidad para que se presente la denuncia correspondiente y recordándole a todos los caleños que la lesión a funcionario público conlleva una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel”, explicó.

De acuerdo con la ley 1801 de 2016, estas agresiones también incluyen lanzar objetos, según con el artículo 35, por lo que dependiendo de la gravedad de los hechos, el ciudadano podrá ser multado con hasta 32 salarios mínimos o ser encarcelado como lo dispone la norma.

Por otra parte, en caso de que el atacante sea extranjero, también será multado y podrá ser deportado o expulsado de Colombia.

Sobre los hechos del miércoles, García aseguró que no se permitirá ningún ataque a los agentes de tránsito y que se judicializará al ciudadano que cometió la infracción. “Necesitamos proteger a los funcionarios públicos y estamos actuando por la seguridad y tranquilidad de los caleños”.

Si bien es cierto que, según el Secretario, la mayoría de los habitantes de la ciudad acatan de buena manera los controles de movilidad y, por lo general, no agreden a los guardas al momento de que estos imponen un comparendo por la infracción a una norma, desde la administración municipal se han planteado y ejecutado medidas de protección.

Una de las estrategias es el acompañamiento de la Fuerza Pública para evitar ataques durante los controles y operativos de tránsito, lo que ha disuadido a los ciudadanos de reaccionar de manera desmedida durante los procedimientos.

Sin embargo, de acuerdo con el experto en movilidad y seguridad vial, Henry Marín, aunque sea una medida necesaria, también hay que trabajar otros aspectos y analizar la razón de estas conductas contrarias a la convivencia.

“La violencia es el resultado de un nivel psicosocial deteriorado que las personas expresan en las vías, por lo tanto, al ser controladas, las personas reaccionan mal ante la autoridad”, explicó.

De la misma manera, Héctor Herrera, líder social y experto en seguridad, señaló que las afectaciones a la salud mental son un factor que mantiene la violencia de la ciudadanía hacia los funcionarios y viceversa, por lo que afirmó que es necesario que los agentes tengan formación para abordar de manera pacífica cada situación.

Además, para Herrera, el acompañamiento de la Policía, además de proteger a los servidores públicos, también puede cumplir con una función de seguridad importante. “Tránsito se encarga de la verificación de documentos y la Fuerza Pública se dedica a solicitar antecedentes y de las respectivas requisas. Allí se puede lograr el decomiso y recuperación de vehículos robados, la captura delincuentes que están con cédulas falsas o solicitados por orden judicial, entre otras acciones”.

De acuerdo con los especialistas, el endurecimiento de las sanciones contra las personas que agredan a los guardas o comentan acciones contrarias a la convivencia por medio de comparendos es una estrategia para evitar la comisión de delitos por parte de los ciudadanos. “Al momento de tocar el bolsillo de las personas se comienzan a disuadir malos comportamientos futuros”, explicó Marín.

Asimismo, la implementación de campañas ciudadanas que cuenten con la participación del sector privado, centros educativos y establecimientos comerciales, es una manera de impedir que la violencia se presente en las calles de la ciudad, pues así “se implementa la idea de respetar y ser respetado por todos los habitantes porque a Cali, si la queremos, la cuidamos todos”, concluyó el experto en movilidad.