Entre amenazas de fraude, llamados al caos y una ciudadanía atrapada en la polarización, ¿quién quiere gobernar un país incendiado?

Por: Néstor Raúl Quiroz Céspedes, docente e investigador universitario.

La segunda vuelta presidencial que se aproxima deja una pregunta inquietante sobre la mesa: ¿estamos eligiendo un presidente o simplemente escogiendo a quién odiamos menos?

La respuesta, aunque incómoda, parece cada vez más evidente. La racionalidad política ha cedido terreno frente a las emociones, los prejuicios, las tendencias digitales y los discursos de confrontación. El ciudadano ya no parece preguntarse quién posee las competencias, la experiencia, el carácter o la visión de Estado para conducir una nación compleja. En cambio, la decisión electoral termina mediada por una lógica mucho más elemental, el miedo al otro.

No votamos por el mejor, votamos contra el que consideramos peor.

La democracia colombiana ha llegado a un punto donde la discusión sobre programas de gobierno, capacidades administrativas, solvencia ética y conocimiento del Estado ha sido desplazada por el espectáculo permanente de las redes sociales. El algoritmo se ha convertido en un nuevo director de campaña. La indignación genera más interacciones que las propuestas. El insulto produce más alcance que los argumentos. La desinformación viaja más rápido que los datos verificables.

Mientras tanto, millones de ciudadanos construyen sus preferencias políticas a partir de videos de treinta segundos, cadenas de WhatsApp o influenciadores que jamás tendrán la responsabilidad de gobernar las consecuencias de aquello que promueven. Lo más aterrador no es únicamente la superficialidad del debate. Lo verdaderamente alarmante es la creciente incapacidad para aceptar que la democracia produce resultados que no siempre coinciden con nuestros deseos y mientras exista desde Montesquieu hasta nuestros días la división de los poderes del Estado, la democracia colombiana garantizará un sistema electoral neutral, garante de imparcialidad, moderno y adaptativo a una política electoral cada vez más convexa y exigente.

En los últimos días hemos escuchado voces que sugieren escenarios de caos si determinado candidato resulta derrotado. Algunos incluso hablan de incendiar el país, paralizar las ciudades o desconocer las instituciones. Como si la voluntad popular solo fuera legítima cuando coincide con nuestras preferencias ideológicas, siendo esta una narrativa profundamente peligrosa, que busca minar la credibilidad en las instituciones, con una amplia dificultad de no entender que las democracias tienen pesos, contra pesos y resultados inesperados.

La democracia no consiste en ganar siempre. Consiste, precisamente, en aceptar que a veces se gana y otras veces se pierde. La verdadera prueba democrática no aparece en la victoria, aparece en la derrota cuando se respetan los resultados, cuando se avala la participación de la Misión de Observación Electoral (MOE), cuando damos fe a los testigos electorales cuando como sociedad aceptamos que las campañas políticas carecen de mérito y convencimiento, y es tan claro como aceptar que un voto que cambie la balanza es suficiente para decir quien se va ganador y quien no, siendo el Estado-nación el mayor afectado de la incoherencia popular y la irracionalidad social.

La primera vuelta presidencial dejó una enseñanza que debería ser motivo de reflexión nacional, las instituciones funcionaron, el sistema electoral operó bajo la observación permanente de organismos nacionales e internacionales, de partidos políticos, de miles de testigos electorales y de múltiples mecanismos de control ciudadano, demostrando en una línea de tiempo expedita y muy específica como se daban los resultados a nivel nacional y regional. Durante meses, misiones de observación han examinado los procedimientos, las garantías y las condiciones del proceso electoral.

Por supuesto, ningún sistema humano es perfecto, pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es sembrar un manto de duda sistemática sin evidencia alguna.

Cuando un líder político recurre al fantasma del fraude sin pruebas verificables, no está fortaleciendo la democracia, está erosionando la confianza pública en ella, y, cuando esa narrativa proviene de dirigentes incapaces de concebir la posibilidad de una derrota electoral, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.

La democracia liberal moderna, inspirada en los principios de Montesquieu, se fundamenta precisamente en la existencia de un balance y un equilibrio, en el cual ningún poder es absoluto, ninguna autoridad es ilimitada, ningún gobernante está por encima de las reglas. La primera vuelta demostró que cada institución cumple una función específica dentro del entramado estatal. Esa separación de poderes constituye una de las mayores fortalezas de la República. Sin embargo, el discurso político contemporáneo parece empeñado en presentar cualquier límite institucional como una conspiración y cualquier decisión adversa como una prueba de persecución.

La consecuencia es devastadora, el adversario deja de ser un competidor democrático para convertirse en un enemigo existencial y cuando la política se transforma en una guerra sin moral y sin ética, desaparece la posibilidad de construir consensos en favor de país. Pareciera más fácil enarbolar banderas del caos, acudir a la desesperación del votante, e impulsar ideas para azuzar a los colombianos a ir contra sí mismos, destruyendo cualquier idea de Estado-nación que tiene como objetivo la gobernabilidad y el equilibrio democrático.

Las campañas también tienen una enorme responsabilidad en esta degradación del debate público. En lugar de explicar cómo resolverán los problemas estructurales del país, muchas prefieren concentrar sus esfuerzos en destruir la imagen personal de sus contendores. El ataque reemplaza la propuesta y la descalificación sustituye el argumento, la demagogia ocupa el espacio de la deliberación.

Colombia necesita exactamente lo contrario.

Necesita una ciudadanía que vote con criterio y no con rabia, que evalúe capacidades y no únicamente emociones, que exija resultados y no relatos, que comprenda que el futuro de una nación no puede depender de tendencias digitales ni de campañas construidas sobre el resentimiento.

La segunda vuelta presidencial no debería ser una competencia entre miedos, debería ser una discusión seria sobre quién está mejor preparado y capacitado para conducir el Estado, fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad, promover el desarrollo económico y reconstruir la confianza ciudadana.

Porque una democracia madura no se mide por la intensidad de sus aplausos, sino por la serenidad con la que acepta sus resultados, y quizás el verdadero desafío de Colombia no sea elegir un presidente. Quizás el desafío sea aprender nuevamente a ser una democracia.

Pero quizás el mayor riesgo para Colombia no sea el resultado de esta segunda vuelta.

El verdadero peligro aparece cuando una sociedad deja de confiar en sus instituciones para comenzar a confiar únicamente en sus emociones, cuando el algoritmo tiene más autoridad que la evidencia, cuando la consigna pesa más que el argumento, cuando la calle pretende sustituir a las urnas y cuando los líderes políticos prefieren incendiar la confianza pública antes que aceptar una derrota democrática. Las democracias no colapsan únicamente por golpes de Estado, también se erosionan y mueren lentamente cuando los ciudadanos dejan de verse como adversarios legítimos y comienzan a tratarse como enemigos irreconciliables.

Colombia enfrenta una decisión que trasciende a los candidatos, no está en juego solamente quién ocupará la Casa de Nariño, lo que realmente está en juego es si seguiremos siendo una República de ciudadanos o terminaremos convertidos en una multitud de fanáticos incapaces de aceptar que la democracia, por definición, implica la posibilidad de perder. Porque el día en que una nación solo reconozca la legitimidad de las elecciones que gana, habrá dejado de ser una democracia mucho antes de que alguien se atreva a declararlo.