“Cali se tiene que separar de Petro”: Jaime Arizabaleta, candidato al Congreso, habla de su percepción del Gobierno

“No hay corriente política más tóxica que el petrismo”. Con esa afirmación, Jaime Arizabaleta, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, condensó el mensaje con el que busca llegar a los caleños y vallecaucanos de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

El candidato plantea una ruptura política con el petrismo y sitúa el voto regional como una forma de respuesta frente a lo que considera un freno al desarrollo de Cali y del Valle del Cauca.

Arizabaleta, en charla con El País, insistió en que el petrismo ha impactado negativamente a la región al bloquear o desfinanciar proyectos como el Tren de Cercanías que, según afirmó, beneficiaban a la población.

Desde esa perspectiva, llamó a los ciudadanos a tomar distancia política de ese sector y a expresar esa decisión en las urnas.

Para el aspirante, el escenario electoral representa una oportunidad para marcar un punto de quiebre frente a un modelo de gobierno que, en su criterio, ha perjudicado a la ciudad.

Papel de las encuestas

Arizabaleta cuestionó los resultados de las encuestas que ubican a Iván Cepeda liderando la intención de voto presidencial y expresó su inconformidad con lo que considera una señal negativa sobre el rumbo de Colombia.

En su interpretación, estos sondeos reflejan una decepción de una parte de la sociedad colombiana y un escenario que no se explica únicamente por propuestas políticas.

“Es el único candidato que puede hacer campaña tranquilo por todo el territorio nacional”, afirmó Arizabaleta al referirse a Cepeda. Con esa frase, el aspirante expuso su argumento sobre las ventajas que, según dijo, tendría ese liderazgo en el actual contexto político.

En su discurso, esa situación se ve reforzada por un entorno que, a su juicio, facilita la movilidad y presencia territorial de algunos candidatos frente a otros.

Más allá de los porcentajes, el candidato a la Cámara puso el foco en lo que considera el verdadero problema: la fragmentación de los sectores que se oponen al petrismo.

Arizabaleta señaló que esa división interna contrasta con la capacidad de cohesión que atribuye a sus contradictores y que, en su opinión, termina incidiendo en los resultados de las encuestas. Esa falta de unidad, dijo, es lo que más le preocupa del escenario electoral actual.

En ese marco, el aspirante defendió la necesidad de cerrar filas y superar las rencillas internas.

Para Arizabaleta, el debate no pasa solo por nombres o candidaturas, sino por la posibilidad de construir una alternativa política capaz de disputar el poder a una corriente que, según insistió, ha logrado consolidarse en la región y a nivel nacional.

El candidato afirmó que Cali y el Valle del Cauca no pueden seguir respaldando políticamente a un proyecto que, en su visión, ha afectado obras estratégicas, como la desfinanciación en la construcción de la vía Mulaló Loboguerrero y la exclusión del dragado de Buenaventura del presupuesto nacional, y que terminó deteriorado la confianza ciudadana. “Cali se tiene que separar de Petro”, señaló, al insistir en que el voto regional debe convertirse en un mecanismo de sanción política.

Propuestas desde la Cámara

El aspirante por el Centro Democrático destacó las iniciativas que asegura impulsaría desde la Cámara de Representantes. Una de ellas es la denominada ‘Ley anticapuchos’, con la que plantea ampliar las facultades de la fuerza pública para ingresar a universidades en casos de flagrancia cuando se presenten actos de vandalismo.

También sostuvo que la universidad debe ser un espacio de debate y conocimiento, y no un refugio para acciones ilegales, y afirmó que su propuesta se ajusta a la Constitución.

La segunda iniciativa es la que denominó ‘Ley Miguel Uribe Turbay’. En este punto, el aspirante propuso que la acción penal plena comience a regir desde los 14 años. Su argumento se basa en la idea de que el régimen actual ha generado incentivos para que bandas criminales utilicen a menores de edad en la comisión de delitos graves, al considerar que las sanciones vigentes son laxas.