Investigación revela que 10.931 estudiantes han sido criminalizados en los últimos 22 años en Colombia

La Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano presentó la segunda parte de la investigación ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’, en la que se revelan datos, casos y testimonios de la judicialización de los jóvenes estudiantes colombianos, la estigmatización y persecución que han sufrido durante los últimos 22 años (desde 2020 hasta 2022) por parte del Estado y grupos paramilitares, a causa de sus posturas políticas o su activismo social.

La primera parte de esta investigación periodística se presentó el 23 de marzo del 2021, en una entrega formal a la Comisión de la Verdad como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad. Para esta segunda parte se avanzó en fenómenos poco estudiados como: la criminalización, persecución, asesinato, desaparición y exilio de estudiantes en Colombia; para ello se han seguido de cerca los hechos de los últimos años, ya que las cifras e historias siguen siendo alarmantes.

Dos de los puntos centrales del informe indican que, entre 2000 y 2022 se abrieron aproximadamente 10.931 procesos judiciales a jóvenes entre 15 y 26 años por delitos como rebelión (9486 casos) y terrorismo (1445 casos). De hecho, del total de casos, el 42 % se encontró en etapa de instrucción, el 34 % en indagación y un 5 % en investigación preliminar; es decir, el porcentaje más alto de los casos no llegó a una investigación. A juicio solo llegó un 5 % y a ejecución de pena el mismo porcentaje.

“En 22 años el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 % del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que aún esperan un fallo o que fueron declarados inocentes. Cabe anotar, además, que, aunque esta cifra es aterradora y elocuente, no refleja la verdadera dimensión del fenómeno”, aseguró Lizeth León, periodista que trabajó de la mano con los estudiantes investigadores de la institución universitaria Politécnico Grancolombiano. Se señaló que estas historias suelen ser vistas como hechos aislados o representaciones exclusivas de una de estas tipologías, pero pueden estar conectadas.

Casos de rebelión y terrorismo

La UIP del Politécnico Grancolombiano elaboró el informe teniendo en cuenta bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, en la que se evidenció que los estudiantes hombres han sido los mayores imputados por rebelión y terrorismo, con 8.769 casos; frente a los 2.161 casos de mujeres. No deja de llamar la atención que, del total de jóvenes procesados por rebelión y terrorismo, la mayoría (8.216 casos) ocurrieron entre el 2000 y 2011, periodo en el que comenzó la implementación y se estableció la llamada seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe; mientras que, para el periodo de 2012 a 2018 fueron 2.225 casos y del 2019 a 2022 fueron 460.

La concepción misma del delito de rebelión y su tránsito discursivo al de terrorismo llama la atención. Según el Código Penal, incurrirán en rebelión “los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”. Se trata de un delito político que no penaliza el uso de las armas en sí mismo, sino su finalidad.

Esto explica el porqué de los 3.491 casos de rebelión examinados entre 2000 y 2018, en los que se encuentra información sobre los supuestos vínculos de los jóvenes con grupos armados (5.791 no registra información sobre el grupo armado), solo 17 aparecen vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 2 con las Bacrim y 2 con otros grupos paramilitares. En el periodo 2019-2022, de 212 casos por rebelión, 150 aparecen sin información del grupo armado, 45 vinculados con el Ejército de Liberación Nacional, 6 con otros grupos armados organizados de los que no hay referencia, y 3 con lo que en las bases de datos entregadas por Fiscalía nombran como “otras guerrillas”. No hay mención a grupos paramilitares como sí ocurre con los casos revisados entre el año 2000 y 2018.

Sucede lo mismo con los casos de terrorismo, a pesar de que no es un delito político y su tipificación es distinta. De acuerdo con el Código Penal, incurre en terrorismo “el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. Bajo esta descripción, buena parte de las acciones violentas de los grupos armados y del propio Estado, en el marco del conflicto, serían terrorismo. Sin embargo, las bases de datos otorgadas por la Fiscalía muestran que se aplica bajo los mismos criterios políticos del delito de rebelión.

Estudiantes caídos

La investigación reveló que entre 1920 y 2022, han sido asesinados 911 estudiantes, 108 corresponden a mujeres y 801 a hombres. Partiendo desde el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo a manos de la guardia presidencial, en medio de una manifestación en 1929, convirtiéndolo en uno de los primeros rastros históricos del fenómeno del estudiante caído, hasta el asesinato de Lucas Villa el 5 de mayo de 2021 en Pereira.

Del año 1929 pasa a 1945, y a partir de allí todas las décadas están marcadas por el asesinato y la desaparición de estudiantes en el marco de protestas, paros, guerras de paramilitares y guerrilleros, y estatutos que validaron la detención y tortura de civiles. Ahora bien, si a ese dato se suman 63 estudiantes asesinados (además de Villa, en el marco del estallido social que nació el 28 de abril de 2021 registrados por Indepaz, más tres casos de 2022 rastreados a través de revisión de prensa), el resultado es 911 estudiantes caídos.

Partiendo de la base de datos Jorge Wilson Gómez, la UIP refleja que los presuntos responsables del asesinato y desaparición de estudiantes son: 26 % desconocidos, 20 % paramilitares, 5 % policía, 3 % ejército, 1 % autor estatal no precisado, 1 % F2, 1 % Policía / ESMAD, 1 % narcotraficantes, 1 % DAS y 1 % FARC.

Exilio

Es muy poco lo que se sabe sobre el exilio, no solamente en registro y cifras, sino en los relatos mismos, ya que en la lista de los 15 hechos victimizantes del conflicto armado que tiene la Unidad de Víctimas, el exilio no figura. Cuando se le preguntan datos a la Cancillería, la Fiscalía u otros organismos garantes de los derechos humanos, no hay respuesta. Además, la complejidad del fenómeno hace muy difícil la tarea de producción de estadísticas porque quienes salen del país no quieren que se sepa dónde están, le temen al Estado y por eso que se niegan a denunciar y a entregar información sobre su situación.

Frente a la ausencia de datos, la Comisión de la Verdad elaboró sus propios datos para su informe final, a la luz de los testimonios alcanzados. Llama la atención que, tras realizar 2.244 entrevistas, se evidencia que el tercer grupo poblacional que más se exilió fue justamente el de jóvenes entre los 18 y los 28 años, con un 19.40 %.

Del exilio de estudiantes solo hay fragmentos e historias cortas narradas con temor. Los pocos datos que empiezan a emerger no son contundentes, no dibujan con perfección el mapa del fenómeno, solo se sabe que los años en los que más estudiantes y docentes salieron del país, escapando a persecuciones, amenazas y atentados que involucraban a sus familiares, fueron entre 1998 y los primeros años de la década del 2000, lo que coincide con los años de mayor apertura de procesos por rebelión y terrorismo y que implican a los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe.

Principales conclusiones

La investigación revela que hay un vacío en la información oficial, lo que hace que la tarea de documentación y sistematización no sea fácil por la falta de presupuesto para trabajos de largo aliento, las omisiones de la academia y los robos de información a los movimientos sociales; por eso, las bases de datos no dan cuenta de la real presencia del fenómeno.

Esto hace que el panorama sea aún más complejo, puesto que la norma de quienes intervienen en el fenómeno ha sido el silencio. El Estado no solo calla, sino que actúa de forma criminal y contraria a la ley, incluso en alianza con grupos paramilitares; los medios callan y replican el discurso oficial; mientras la academia ha guardado silencio frente al fenómeno y lo ha asumido como algo que no le atañe; y el movimiento armado calla en nombre de la lucha clandestina, con un silencio que sigue siendo cómplice aún en contextos en los que se establecen compromisos con la verdad, la justicia y la reparación.

“Por ello, es necesario hacer un rastreo de cómo afectó la criminalización a los jóvenes de los barrios y las periferias urbanas, la penetración de la lucha estudiantil en los colegios y universidades tanto públicas como privadas. Además de incluir temas relevantes como la presencia del ESMAD en las universidades, la infiltración de miembros de policía e inteligencia en grupos estudiantiles, la presencia de grupos paramilitares en los campus, la constante amenaza y violación de Derechos Humanos al interior de los centros de estudio y la posibilidad de que los estudiantes accedan y manipulen explosivos”, concluyó Juliana Castellanos, directora de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano.

Para consultar todos los detalles de la investigación los invitamos a visitar el siguiente enlace: https://criminalizacionestudiantes2.poligran.edu.co/index.html#