Mayor longevidad de los colombianos aumentaría el gasto en pensiones a $103 billones en 2044

El aumento de la esperanza de vida representa un avance social para Colombia, pero también plantea desafíos para la sostenibilidad del sistema pensional. A medida que las personas viven más años, el Estado debe garantizar el pago de las prestaciones durante periodos más prolongados, lo que incrementa las obligaciones financieras y la presión sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con proyecciones del actuario colombiano Diego Alejandro Esguerra, el gasto social en pensiones podría pasar de aproximadamente $70 billones en 2026, equivalentes al 6,09 % del producto interno bruto (PIB), a $103 billones en 2044, cuando representaría el 7,46 % de la economía nacional.

“El efecto específico de la longevidad se observa principalmente en que las pensiones y rentas vitalicias deben pagarse durante más tiempo, aumentando el valor presente de las obligaciones y las necesidades de subsidio por parte del Estado”, advierte Esguerra.

Sin embargo, el experto señala que atribuir este incremento exclusivamente al riesgo de longevidad sería un sesgo, pues las proyecciones pueden incorporar otros factores sociales y económicos, así como los parámetros establecidos en la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional.

Un país que envejece y tiene menos nacimientos

El cambio demográfico colombiano avanza por dos vías simultáneas: el aumento de la esperanza de vida y la disminución de los nacimientos. Esta combinación implica que, durante las próximas décadas, habrá proporcionalmente menos personas en edad de trabajar para sostener a una población adulta mayor cada vez más numerosa.

Un estudio del Banco de la República advierte que esta transformación tendrá efectos sobre el sistema pensional, la atención en salud, los cuidados de largo plazo y los ingresos fiscales. Como consecuencia, las finanzas públicas enfrentarán presiones crecientes que podrían ampliar el déficit fiscal en las próximas décadas.

Bajo las reglas pensionales analizadas, el Emisor calculó que una mayor longevidad podría incrementar el gasto fiscal en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales del PIB en promedio anual. Aunque el porcentaje puede parecer reducido, su impacto adquiere mayor relevancia cuando se acumula durante periodos prolongados.

El papel de los cálculos actuariales

Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Actuarios (ACA) sostiene que la longevidad no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la política pública. También requiere evaluaciones técnicas que permitan estimar las obligaciones futuras y anticipar los riesgos financieros del sistema.

Estos cálculos involucran variables como la esperanza de vida, las tasas de mortalidad, el comportamiento de los cotizantes, las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico y las probabilidades de supervivencia, entre otras.

El análisis cobra especial importancia ante los compromisos que implica la reforma pensional y la necesidad de determinar cuánto dinero requerirá el país para cumplirlos durante los próximos 20, 30 o 40 años.

“El desafío para Colombia no es evitar que sus ciudadanos vivan más sino lograr que el país pueda financiar dignamente esos años adicionales de vida sin trasladar una cuenta imposible de pagar a las próximas generaciones”, puntualizó Andrés Vesga Mahecha, presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Actuarios.

La longevidad, en el centro del debate

Estos desafíos serán uno de los temas centrales del IX Simposio Internacional de Actuaría, que se realizará del 14 al 17 de octubre en Bogotá y reunirá a más de 250 actuarios y profesionales del riesgo de Colombia y otros países de la región.

El encuentro abordará cómo anticipar los riesgos asociados al envejecimiento de la población y cómo aprovechar la información, la ciencia actuarial y las nuevas herramientas para mejorar la toma de decisiones.

La discusión apunta a un desafío de largo plazo: encontrar mecanismos que permitan responder a las necesidades de una población que vive más años, garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales y preservar la sostenibilidad financiera del sistema sin comprometer la capacidad económica de las futuras generaciones.